Desde sus mismos orígenes, siempre ha sido esencial en el catalanismo la defensa de la lengua y la cultura catalanas. Siempre ha sido este su rasgo más característico y definitorio, el auténtico eje vertebrador alrededor del cual se han articulado las diversas versiones de Catalunya integradas por el catalanismo. Regionalistas y autonomistas, nacionalistas y federalistas, confederalistas y separatistas, todas las corrientes del catalanismo han tenido muy claro siempre que aquello que realmente distingue y singulariza a Catalunya es su lengua y su cultura.
Precisamente por esta razón resulta no solamente extraño sino francamente escandaloso que el Gobierno de la Generalitat destine a la cultura, en su sentido más amplio, apenas el 0,65% de sus presupuestos actuales. Este 0,65% destinado representa que el actual Gobierno de la Generalitat dedica sólo 30 euros anuales por persona a la cultura. Una cifra ridícula, muy por debajo no ya de la de Dinamarca, tan a menudo mencionada como referente y ejemplo a seguir –880 euros por persona y año–, sino también para casi la totalidad de los estados europeos: 607 euros en Suecia, 508 euros en los Países Bajos, 476 euros tanto en Francia como en Italia, 233 euros en el Reino Unido, 158 euros en Portugal, 146 euros en Polonia, 108 euros en Andorra, 47 euros en Bélgica…
En España, donde todas las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en cultura, el ministerio de Cultura aporta a cada comunidad autónoma unos 20 euros por persona y año, destinados especialmente a las grandes instituciones y consorcios culturales participados por el Estado, como pasa también en Catalunya.
Es vergonzoso que un gobierno de la Generalitat desprecie y maltrate tanto dos de los pilares fundamentales del catalanismo. Es particularmente escandaloso, además, cuando se trata de un gobierno que se proclama no sólo nacionalista, sino que dice que quiere ser un Estado propio. El derecho a la cultura, el derecho al acceso a la cultura por parte de todos los ciudadanos de un país, es un derecho individual y colectivo inalienable. Para un país como Catalunya, que se distingue y diferencia por su lengua propia, y por lo tanto también por su cultura propia –sin que esto comporte ni implique que esta cultura propia sea sólo la que se expresa en la lengua catalana–, la dimisión del Gobierno de la Generalitat en cultura es un síntoma inequívoco de su carencia de
prioridades BÁSICAS para la ciudadanía a la cual tiene que servir.
La plataforma Actúa Cultura, que se dio a conocer públicamente hace pocos días en Barcelona, reclama que este irrisorio 0,65% presupuestado para cultura pase a ser de manera inmediata del 2%. Este es el porcentaje que el Gobierno de España destina actualmente a cultura, a pesar de que casi todas las competencias en esta materia están transferidas a cada comunidad autónoma, como ya he mencionado antes. La reivindicación de Actúa Cultura no puede ser desatendida por parte del Gobierno de
la Generalitat.
El derecho individual y colectivo al acceso a una cultura de calidad no puede ser nuevamente despreciado o desatendido. ¡La cultura sí que es una estructura de Estado! Actúa Cultura ha dicho basta, y hace bien en hacerlo. Los recortes tan irracionales y drásticos que los sucesivos gobiernos de la Generalitat presididos por Mas, Puigdemont y Torra han aplicado en estos últimos años han afectado todo tipo de servicios públicos y prestaciones sociales esenciales. No sólo en salud y en educación, en atención a las personas y a los colectivos más precarios. También en cultura. La gente de Actúa Cultura anuncia que pasará a la acción si no es atendida su reivindicación de mínimos: el logro de un exiguo e insuficiente 2% de los presupuestos generales de la Generalitat para cultura.
Actúa Cultura reclama también que el Gobierno de la Generalitat apueste de una vez por el acercamiento entre educación y cultura, por una política de creación y promoción de públicos, por el necesario rescate de las humanidades en la trayectoria educativa, por la protección de espacios culturales a preservar contra la especulación inmobiliaria, por una buena ley de mecenazgo… La suya no es una simple reivindicación económica. Es la exigencia de un cambio radical de paradigma en la concepción que el Gobierno de la Generalitat –y, por lo tanto, los partidos que lo integran y también los que le dan y/o den apoyo en la próxima votación presupuestaria– tiene de la cultura y su tratamiento político y social.
