La Cumbre del Clima, que ha empezado este lunes en Madrid, reabre el debate sobre el cambio climático y lo que los gobiernos están haciendo o dejando de hacer para luchar contra sus consecuencias. El caso catalán es paradójico.
El Gobierno catalán aprobó hace dos años la ley del cambio climático, que preveía que tres impuestos sobre emisiones contaminantes entraran en vigor el 2019. De los tres, sólo el impuesto sobre las emisiones de los vehículos tiene fecha de estreno: enero del 2020. El resto todavía se tienen que tramitar.
El Gobierno ha anunciado, pero, que en el próximo medio año presentará una propuesta de ley de fiscalidad climática sobre las emisiones de gases con efecto invernadero en determinadas actividades económicas.
Por otro lado, el impuesto sobre las emisiones portuarias todavía no se ha desarrollado.
En cuanto al impuesto sobre los vehículos, la Generalitat hace la previsión de recaudar alrededor de 70 millones de euros que destinará a nutrir el Fondo Climático para hacer acciones para hacer frente a la crisis climática. Los vehículos pagarán entre 1 y 80 euros el año en función de si el vehículo es más o menos contaminante.
El otro impuesto que el gobierno asegura que se tramitará en los próximos seis meses graba las actividades económicas más contaminantes y está previsto que afecte 1.450 empresas.
El objetivo de la Generalitat para el 2030 es haber reducido un 40% los gases de efecto invernadero y el 2050 ser neutros, es decir, que entre lo que se emite y lo que la naturaleza puede absorber el resultado sea cero.
Por otro lado, desde algunos colectivos ecologistas se considera que los impuestos de la ley catalana del cambio climático no conseguirán cambiar los hábitos de la población y de los empresarios y que, por lo tanto, sólo tienen una voluntad recaudatoria. Es paradójico, dicen, declarar la emergencia climática a la vez que se expanden infraestructuras altamente contaminantes como el puerto, el aeropuerto o ampliaciones de carreteras como la C-58 o la ronda Litoral.
Solución para que los cohes contaminantes circulen
El Ayuntamiento de Barcelona y la DGT están estudiando si se podría instalar un filtro de partículas para que los vehículos sin etiqueta ambiental puedan continuar circulando por Barcelona a partir del año que viene. Este filtro no se aplicaría a los coches particulares, sino a flotas de vehículos de empresas o furgonetas de reparto. La zona de bajas emisiones empezará a funcionar de aquí a menos de un mes, el 1 de enero.
