El Tribunal de Cuentas cita a Puigdemont y Junqueras para reclamarles el gasto del 1-O

Si el expresidente y el exvicepresidente no liquidan la deuda de la consulta, les embargarán bienes
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Oriol Junqueras y Carles Puigdemont

29 exaltos cargos y funcionarios del anterior gobierno catalán, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, tienen una cita el próximo 28 de enero de 2020 en el Tribunal de Cuentas para pagar o avalar el gasto de la votación del 1-O. Si no afrontan la liquidación provisional de la deuda derivada de la organización de la consulta, se procederá al embargo de sus bienes.

La cita tiene su origen en una denuncia presentada por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y por las plataformas Societat Civil Catalana y Abogados Catalanas miedo la Constitución, según la cual salieron fondos de la Generalitat de Cataluña para costear la realización del referéndum ilegal.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado no han concretado una cifra reclamada, pero la Fiscalía ha recogido facturas y partidas que superan los 8 millones de euros, publica El Confidencial. Según la misma información, cifra en 900.000 euros el gasto asociado a los locales de votación, en casi un millón la de las papeletas, y en 2,3 millones la acción en el exterior.

En noviembre de 2018, el organismo fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado impuso al expresidente catalán Artur Mas el pago solidario, junto con varios miembros de su gobierno, de 4,9 millones de euros por la consulta del 9-N. La sanción, recurrida por la Fiscalía y las mismas plataformas que han denunciado el gasto del 1-O, se incrementó en 41.832 euros, hasta totalizar casi los 5 millones.

Ahora, además de Puigdemont y Junqueras, están citados el 20 de enero los exconsejeros Neus Munté, Toni Comín, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Clara Ponsatí y Joaquim Forn, entre otros.

El Tribunal Supremo condenó por malversación a varios integrantes del gobierno de Carles Puigdemont sin cifrar el importe malversado, si bien sí que indicó a qué se dedicó la desviación de fondos públicos: publicidad institucional, organización de la administración, creación del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pagos a observadores internacionales y aplicaciones informáticas.

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