El procés no es, como por ejemplo sostiene Josep Ramoneda (El País del 14 de septiembre), cosa de dos. Ni mucho menos. “La crisis política del modelo territorial que hoy padece el Estado español (…) es consecuencia, por una parte, del bloqueo al desarrollo del Estado de las Autonomías practicado por el gobierno del PP (…) y por la otra de la declaración unilateral de independencia por parte del gobierno de la Generalitat”, como reza el encabezamiento de un texto firmado por los Comunes Federalistas. El procés es, pura y simplemente, una decisión unilateral del nacionalismo catalán.
Con muy altos porcentajes de apoyo al modelo autonómico entre los españoles, según las encuestas ¿cómo se puede diagnosticar, sin más, su crisis? ¿No será más bien que el cristal a través del cual se ven las cosas en Cataluña es de un determinado color, incluso para amplias mayorías de su población? Y, en cualquier caso, si por crisis política del modelo territorial se entiende lo sucedido en Cataluña, así habría que decirlo: España está enferma de un problema territorial, que arranca y se circunscribe a Catalunya. Aunque también es cierto que la dolencia, contagiosa, puede acabar afectado a otros territorios, o a todos ellos. Signos no faltan, en tal sentido.
Es cierto que la cuestión territorial, quizá por ser considerada una patata caliente, quedó ampliamente abierta en la Constitución del 78. Y fue por aquella rendija por donde se coló el perverso mecanismo de vender al gobierno central apoyos políticos, a cambio de beneficios públicos y privados. Cosa que fue perfectamente entendida y practicada por Jordi Pujol.
El modelo de las autonomías no ha resultado cicatero con la descentralización, sino hasta excesivo en muchos casos. Pero la cuestión no era esa, sino cómo se financiaban las competencias transferidas. Salvo Euskadi y Navarra, que lo tenían claro, el resto de las autonomías, incluida Cataluña, porque así lo quiso en su momento, se dedicaban a repicar en la aldaba del Gobierno Central, que seguía teniendo la sartén por el mango. Cosa que aparentó corregirse con la transferencia de algunos impuestos, pero a todas luces, de modo insuficiente.
Así las cosas, tenemos, como dice Eliseo Aja, un modelo que, curiosamente, aúna lo peor del centralismo con lo malo de la descentralización. O, dicho de otro modo, con algo a medio construir, distorsionado, que reclama cambios sustanciales. Cambios que solo pueden venir por vía de un federalismo, que tiene que interesar al conjunto de España. No solo a los catalanes para salir de su atolladero.
Por otro lado, achacar en exclusiva a la derecha española la mitad del marrón catalán y, en consecuencia, hacerla titular del otro bando, es un cliché reduccionista. Y si esto se circunscribe a los gobiernos del PP, acaba en nada. Porque, evidentemente, no es con el PP con quien empiezan y acaban las cosas. Existió UCD y otras derechas y, de por medio, los socialistas también han gobernado en España, y algo habrán tenido que ver con el desarrollo del Estado de las Autonomías. Eximir a la izquierda y, muy en concreto, a la catalana, de cualquier responsabilidad en el arreón nacionalista en Cataluña, no solo es hurtar un dato imprescindible para entender el problema, sino que contribuye a promover un límbico centrismo, pero de pata amarilla, como las gallinas leghorn, que tan bien lucen los Comunes.
Es cierto que el nacionalismo catalán ha despertado al nacionalismo español, que tendía a la hibernación. Pero resulta más que arriesgado considerarlo el otro bando. Los propios nacionalistas ven esa otra orilla, al enemigo, digamos, no cómo una parte de la sociedad catalana y menos de la española, sino al Estado, del cual, claro, son parte constitutiva las instituciones catalanas. Como en otros muchos casos en la historia, en fin, el nacionalismo catalán se ha tirado al monte por su cuenta y riesgo. El enemigo, el otro bando, que se necesita para construir el plan, se construye luego, como diría Umberto Eco.
