El pasado 3 de septiembre el Gobierno aprobó un techo de gasto no financiero que asciende a 26.952 M€ aumentando así en 2.510 M€ los presupuestos prorrogados de 2017. Sobre la necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos, han sido muchas las voces que han denunciado que Catalunya no podía seguir un año más con la situación actual de bloqueo político. Oposición, agentes sociales y miembros del propio gobierno de la Generalitat han alertado de ue si no se aprueban los presupuestos para 2020 el sistema actual será insostenible, y especialmente para los colectivos más vulnerables o estratégicos para la sociedad catalana. Infancia, sanidad tercer sector o universidades serían algunos de los grupos afectados.
Una de las voces que se han significado y que declaró, incluso, que si no se aprobaban los presupostos en el Parlament quizás se tendría que hacer una moción de confianza, ha sido la del consejero Josep Bargalló. ¿Y por qué? En una entrevista en SER Catalunya de forma muy didáctica, dijo que no se puede seguir más tiempo con los presupuestos prorrogados de 2017. Explicó que cuando se reúne con agentes del área educativa siempre les dice lo mismo, "tenéis razón, pero estamos con unos presupuestos prorrogados". Su departamento recuerda que desde hace dos años tienen los mismos ingresos para pagar nóminas a los maestros y en la actualidad hay 3.000 profesores más a los cuales obviamente se los tienen que pagar sus retribuciones, lo cual quiere decir que hoy no puede atender proyectos que si que se podían hacer en 2017. Esta situación, dijo el consejero, es idéntica en los departamentos de sanidad o interior, generando un déficit que finalmente significa menos recursos para otras consejerías. De esta forma pedagógica acabó razonando que a la gente le puedes decir que los presupuestos están prorrogados un día, dos días o un mes, pero lo que es insostenible es seguir con unos presupuestos prorrogados desde hace dos años, advirtiendo de que si no se aprueban los presupuestos de 2020 el sistema actual y sobre todo en educación, sanidad o interior colapsará.
En la misma línea se pronunciaron en el Parlament el mes de junio los rectores de las universidades catalanas. La partida para estudios cualificados se recortó sustancialmente, de los 910 M€ de 2011 a los 750 M€ de 2017. Ahora los rectores denuncian que llevan desde hace dos años con los presupuestos prorrogados mientras que sus gastos no han dejado de incrementarse con lo cual la situación ahora mismo es muy alarmante. Además, mantener un año más la prórroga supondría un estancamiento muy preocupante en conocimiento, investigación e innovación en un mundo ya inexorablemente globalizado.
La rectora de la UAB, Margarita Arboix, en su comparecencia en el Parlament, dijo que únicamente con el incremento del IPC en los sueldos del personal y el aumento de gasto en servicios como la luz hace que la universidad se encuentre en una situación muy precaria y que es urgente que el Gobierno tenga las universidades como una de sus prioridades. Como ejemplo, se refirió a la comunidad andaluza donde destinan 1.300 M€ a las diez universidades públicas, o la comunidad de Madrid que con seis universidades públicas emplean 900 M€. En Catalunya se dedican 750 M€ a las ocho universidades públicas, lo cual quiere decir, que la Generalitat no las considera una prioridad en sus presupuestos, que son la ley más importante de un gobierno.
Ahora que el gobierno ha iniciado los primeros contactos con partidos de la oposición para negociar los presupuestos de 2020, hay que recordar que han sido muchos agentes sociales los que han advertido que su aprobación es absolutamente vital para poder destinar recursos a las políticas cotidianas, como la financiación de las guarderías públicas; la pobreza estructural en Catalunya que está en un 19% o la implementación de la renta garantizada de ciudadanía, que además de una carencia de recursos ha puesto en evidencia también la mala gestión por parte de la administración.
Sería bueno que en las próximas fechas, partidos y trincheras dejaran a un lado sus relatos, para aprobar unos nuevos presupuestos antes de que, y según palabras del consejero Bargalló, colapsen los sistemas de salud, educación o interior del país.
