Una de las grandes carencias del Estado de las Autonomías que no ha permitido que nos desarrollemos hacia uno de federal es la imposibilidad de crear organización y normativa para compartir gobierno. Federar es compartir governanza sobre aspectos comunes que afectan a la población gobernada de una manera lo más eficiente posible y equitativa. Una descentralización sin desarrollar mecanismos de cooperación y un buen funcionamiento de comisiones interterritoriales han hecho menos eficientes las competencias transferidas a favor de las necesidades de la población.
Un ejemplo claro de estas carencias lo hemos podido presenciar este verano con los diferentes brotes de alarma sanitaria alrededor de la listeriosis iniciada en Andalucía, de los niños lobo afectados por un medicamento erróneo, o de la contaminación con toxina botulínica de una lata de atún. Se podría creer que la sanidad es sólo la asistencia sanitaria que se da a la enfermedad a través de los hospitales y los centros de atención primaria, pero la sanidad tiene que velar por la salud de la población, previniendo infecciones, enfermedades y contaminaciones, y por un medio ambiente saludable. La salud pública y la vigilancia de la población es una tarea imprescindible, necesaria, y que depende sobre todo de las medidas coordinadas de muchas instituciones. Desgraciadamente, una de las primeras medidas de los gobiernos de derechas de todos los colores, ha sido quitar recursos a la salud pública, recortando las funciones de vigilancia, inspección, y prevención, desconociendo que no hay fronteras, ni muros para las infecciones y para la contaminación.
La infección por listeriosis, que empieza con una ndustria concreta, que tiene aprobado el sistema de autocontrol, se ha extendido a distancia, y estamos lejos de conocer su alcance. Es un problema sanitario grave porque puede afectar de manera mortal, en primer lugar a los fetos en desarrollo, las embarazadas y las personas mayores o con enfermedades que bajan las defensas. Por lo tanto, eran prioritarias las alertas a la población, el control de los productos afectados y la comunicación al ministerio y la Comunitat Europea. Desde el 9 de agosto se conoce que hay carne contaminada, pero la alerta no se activa hasta el 15 y el 23 se amplía a otros productos de la misma industria. Las declaraciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, quieren hacer creer que la baja mortalidad es un gran éxito de su gestión, y quiere culpar el ayuntamiento local. Pero no se pueden eludir responsabilidades de las competencias delegadas cuando en realidad no son supervisadas. Las responsabilidades son compartidas, y es de una gravedad extrema que se quiera proteger a un consejero, como Jesús Aguirre, que alega que no hizo la alerta inmediatamente "para evitar el alarmismo innecesario o que la falta de rigor se cargara al sector cárnico".
¿Es esto una buena gestión? ¿A quién tiene que proteger y vigilar una consejería de Salud? ¿A la industria o a la población que puede estar afectada? Hasta el 26 de agosto la ministra de Sanidad en funciones, Maria Luisa Carcedo, no reúne a los consejeros de Salud para "compartir la situación y estudiar nuevas medidas" y revela que el Instituto Carles III está estudiando el genotipo de la bacteria, para relacionar con buena evidencia científica los casos de las personas afectadas por el consumo de la carne mechada.
La buena praxis de salud exige que el principio de subsidiariedad funcione siempre a favor de la ciudadanía. El genotipo se estudia en Madrid porque es el mejor lugar de epidemiología pública. Coordinar recursos y eficiencia es básico para responder urgentemente a la atención de la salud de los afectados, sin perder ni un minuto de energía por intereses partidistas. La política es el ejercicio de la responsabilidad y las culpas se dirimirán en los tribunales.
La responsabilidad de formar personal sanitario y veterinario, tanto de gestión como de vigilancia de la salud y asistencial, era del Instituto Carlos III. ¿Por qué se segregó esta Institución del ministerio de Sanidad y se le quitaron recursos durante los gobiernos del PP? Si faltan recursos para inspeccionar y alertar, las malas praxis crecen con más facilidad. Tienen mucha razón Javier Rey y el resto de firmantes de un artículo que pide un gobierno federal por una sanidad universal (El País 13 agosto 2019). No tenemos que mantener sólo una equidad en servicios básicos de las diversas autonomías sino que tenemos que saber compartir las competencias y usarlas teniendo en cuenta las necesidades y las diferencias. Federar es compartir gobierno, pero con cooperación y lealtad entre las entidades federadas. Para una mejor salud de la población es urgente una sanidad federal dentro de una España federal.
