La suciedad en Barcelona es demasiada golosa para dejarla escapar. En juego hay un contrato municipal por ocho años que puede ser ampliado a diez, con un valor de 3.127 millones de euros, por el cual pugnan siete empresas que cruzan los dedos para ser la escogida. El contrato, que representa un 10% del presupuesto municipal, incluye la limpieza de las calles, papeleras, de las zonas verdes y las playas y también la recogida de residuos domiciliarios, comerciales, de voluminosos y la neumática. Un macrocontrato sólo al alcance de grandes empresas.
Las que han presentado plicas son: Cespa, una filial de Ferrovial propiedad de Rafael del Pino; Corporación CLD, empresa del grupo Sorigué, del todopoderoso empresario leridano Julio Sorigué Zamorano; FCC Medio Ambiento (Fomento de Construcciones y Contratas), del mexicano Carlos Slim; Urbaser, empresa del grupo ACS de Florentino Pérez, que se vendió del gigante chino CNTY; el consorcio que forman Ascan Servicios Urbanos, una de las grandes fortunas cántabras, en manos de Santiago Díaz Díaz, y la gerundense Construcciones Rubau, que en 2011 estuvo implicada en una trama de corrupción por desvío de fondos públicos en la construcción de carreteras y que cuenta entre sus directivos con Pedro Bonaventura, implicado en el caso Palau de Millet; Valoriza, filial de Sacyr; OHL, de Juan Villar Mir, que tiene dos directivos investigados por pago de sobornos en la trama Púnica a Francisco Granados y, finalmente, Acciona, de la familia Entrecanales, que pronto se tiene que ver las caras en el juzgado con una empresa que la acusa de espionaje industrial y robo de patentes.
En resumen, un conglomerado de empresas que representan lo mejor de lo mejor del sector empresarial español. El contrato de la basura representa una gran porción del pastel del dinero municipal, 307 millones anuales, a pesar de que Ada Colau se ha guardado un as bajo la manga: el contrato de la basura elimina el sistema de pago a la empresa adjudicataria en función de los objetivos, y apuesta por un modelo de pago fijo que se podría incrementar con bonificaciones en función de las toneladas recogidas de manera selectiva. Además, las empresas tendrán que presentar un plan de subcontratos que no se podrá modificar durante los años que dure la adjudicación.
La oposición critica que se hipoteque la recogida durante 10 años, con el volumen de negocio que esto supone, pero Ada Colau se ha propuesto que la basura no se le escape entre los dedos y el Ayuntamiento asumirá el control para evitar posibles fraudes. Una de las empresas que gestiona actualmente este servicio, FCC, fue acusada por el Ayuntamiento de sobrefacturar 3,3 millones de euros. La denuncia llegó a los juzgados, que la archivaron a principios del 2018. Ahora FCC vuelve a presentarse al concurso para renovar el contrato.
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