Miembro de la Asociación para el Alquiler Público y Asequible 500 x 20, nacida en 2006 para luchar contra la carencia de viviendas, hace balance de la política habitacional de quien se convirtió en alcaldesa impulsada por su liderazgo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Ya han pasado cuatro años desde que Ada Colau accedió al cargo de alcaldesa. ¿Cómo describiría lo que ha sido su política de vivienda?
Ada Colau se ha limitado a limar las aristas más sangrientas del neoliberalismo.
¿Puede ser algo más concreto?
La alcaldesa ha hecho lo que le permitían los márgenes del sistema. Y poca cosa más. Ir más lejos habría supuesto romper estos márgenes. Y yo no sé si Ada Colau es consciente de los márgenes dentro de los cuales se puede mover.
¿Por qué dice esto?
Porque hay márgenes políticos, legislativos, judiciales y presupuestarios que impiden que un ayuntamiento, en el país donde vivimos, tenga la capacidad normativa para cambiar determinadas cosas. Y siendo la vivienda un elemento central de la economía española –hasta el punto que algunos afirman que llegó a suponer, en el momento de la burbuja inmobiliaria, hasta un 40% de la economía total, incluyendo su efecto arrastre del resto de sectores– se puede imaginar que intentar modificar esto desde un ayuntamiento es francamente complicado.
¿Cuáles son estos márgenes donde, según usted, se ha tenido que mover la alcaldesa? ¿Me lo puede explicar con ejemplos concretos?
Y tanto. Por ejemplo, La capacidad financiera del Ayuntamiento es muy limitada. No hay presupuesto para hacer frente a la emergencia habitacional. Una de las medidas que proponía el programa electoral con el que BComú ganó las elecciones, que era la aplicación del derecho de tanteo y retracto (es decir, que el Ayuntamiento tenga preferencia en cualquier operación de compraventa inmobiliaria en la ciudad para ampliar el parque de vivienda social), resulta que está seriamente limitada por falta de dinero. Y lo mismo pasa con la propuesta de construir vivienda social, a pesar de que este consistorio ha sido el que ha hecho el esfuerzo más grande, a pesar del control presupuestario que impone el artículo 135 de la Constitución, con todos los interventores de Hacienda vigilando el gasto público.
¿Tiene cifras de esta limitación financiera?
Para que se haga una idea, le diré que en 2015 el presupuesto total del Ayuntamiento de Barcelona era de 2.500 millones de euros (ahora es de unos 2.700 millones de euros), mientras que la inversión inmobiliaria extranjera en la ciudad fue de 1.850 millones. Esto lo dice todo, es como luchar contra molinos de viento. El Ayuntamiento no tiene capacidad económica. Y esto me lleva a pensar que o bien Ada Colau y su equipo estaban engañados sobre lo que podían hacer o no con los recursos municipales o bien, si no iban engañados y sabían las limitaciones que tenían, entonces es que Ada Colau tenía interés en hacer el salto del activismo a la política.
¿Y usted que cree? Venga, mójese.
Hombre, yo creo que Colau tenía ganas de presentarse a la alcaldía. Además, ya se lo dije en su momento.
En un artículo del 2017 en Nació Digital, el ex-portavoz de la PAH de Barcelona, Carlos Macías, reprochaba a Ada Colau el "déficit histórico" de pisos sociales en Barcelona: en su opinión, en el periodo 2017-2027 harían falta 120.000 pisos públicos para conseguir que el 15% del parque de vivienda fuera social, que es lo que marca la ley catalana de vivienda del 2007. Pero parece que la intención del Ayuntamiento es poner en el mercado 18.500 pisos de alquiler asequible hasta el 2025, con lo cual se llegaría a los 30.000, apenas el 4%. ¿Qué le parece?
Que estamos ante un problema sistémico. Y, por lo tanto, si el Ayuntamiento y las opciones políticas que lo sustentan no van algo más allá de los márgenes del sistema y atacan directamente la propiedad privada, es imposible resolver la emergencia habitacional que sufrimos. En Barcelona, donde hay poco espacio, la única solución pasa por construir en los lugares que todavía quedan o recurrir a los que ya existen. Y recurrir a lo que hay significa, irremediablemente, que alguien tiene que perder. O sea: no hay una solución política donde nadie salga afectado. Y los afectados serían la banca, los grandes fondos de inversión y otros actores más pequeños. En este sentido, desde 500 x 20 reclamamos una política fiscal diferente de la que existe en España.
Otro de los reproches que le hacía Carlos Macías es que el Ayuntamiento cumpliera sus compromisos electorales, entre los cuales elaborar un censo completo de las viviendas vacías que hay en la ciudad y, partiendo de esta base, sancionar todos los pisos sin uso. "No se tendrían que haber puesto cuatro multas, sino 4.000", fueron sus palabras. Aun así, la actual portavoz de la PAH de Barcelona, Lucía Delgado, confirma que, a pesar de haber pedido el censo al inicio del mandato de la alcaldesa, sólo hay 17 barrios censados de 63. Y que en cuatro años de gobierno, el Ayuntamiento sólo ha sancionado dos bancos y dos fondos buitres.
Estoy de acuerdo con el análisis de Carlos Macías, pero también veo un poco irracional pedir determinadas cosas cuando hay causas más profundas que, si no se dicen, parecería que el Ayuntamiento –tanto el actual de Colau como el anterior de Trias cómo el de quien venga después– pudiera satisfacerlas. Y me parece que esto no es así.
¿Cuáles son estas causas profundas?
Para 500 x 20, sobre todo el tema de política fiscal, repito. No se puede ir mucho más lejos si un ayuntamiento no tiene capacidad fiscal, si no tiene capacidad sobre más impuestos. En otros países los municipios poseen una capacidad tributaria más elevada, cosa que no pasa en España, porque al venir de una dictadura, el régimen fiscal continúa siendo ultracentralista. Tampoco si un ayuntamiento no tiene capacidad para legislar sobre temas de urbanismo. Carlos Macías puede pedir que se pongan 4.000 multas, pero lo que pasará es que después se recorrerán todas, que es lo que ha sucedido. El sistema judicial está diseñado para que se puedan recorrer. De hecho, no sé cuántas multas se han llegado a cobrar realmente.
¿Usted cree que la alcaldesa ha comunicado a la ciudadanía todas estas circunstancias, estos márgenes que se ha encontrado?
El problema no es que la situación sea complicada o que Ada Colau no tenga la culpa; la dificultad es que si no se dice toda la verdad a la gente, entonces la gente se puede desilusionar. Y me parece que este es uno de los problemas que puede llegar a tener la candidatura de Ada Colau en las próximas elecciones municipales. Yo creo que la alcaldesa está ciertamente preocupada, porque de este tema, de la vivienda, dependerá como le irá a las elecciones del día 26. Y cuando se encuentra con el problema de que muchas de las medidas que toma no causan realmente los efectos que tendrían que tener, se presentan a la opinión pública de una manera diferente a la realidad.
Concrete un poco. ¿Cómo cree que Ada Colau ha presentado estas medidas?
Las ha comunicado como éxitos cuando en realidad no lo son.
¿Quiere decir que Ada Colau ha mentido?
(Titubea).
Ha maquillado, decorado… ¿Como lo diría?
Maquillar. Porque si no explicas a los ciudadanos todas las dificultades, que es lo que ha pasado, creas falsas expectativas. Y si las explicas, tienes un problema electoral. Entonces tienes que ir mucho más lejos y llamar a otra clase de guerra, que ya no es estrictamente institucional.
¿Me puede poner un ejemplo de esta política de maquillaje de la realidad que, según usted, ha llevado a cabo Ada Colau?
Un ejemplo es la normativa más importante que en materia de vivienda ha promulgado este Ayuntamiento, que es la que establece que a partir de ahora todas las nuevas construcciones o rehabilitaciones inmobiliarias en Barcelona tendrán que reservar un 30% en vivienda social. Tiene una parte de éxito relativo porque recorta los beneficios de los promotores, que, obviamente, sólo querrían hacer pisos de venta libre a precios de mercado (aunque también reciben subvenciones públicas, todo se tiene que decir). Pero desde el punto de vista de cómo se vendió la medida al público y a la prensa, es maquillaje o directamente mentida, porque será el promotor quien decidirá si este 30% de vivienda social se destina a venta o a alquiler. Y, lógicamente, elegirá la venta, así que el precariado de Barcelona, la población más vulnerable que sufre emergencia habitacional, no podrá acceder a estos pisos, al no ser solvente económicamente para los bancos. Porque bien que tendrán que pedir una hipoteca, ¿verdad?
