Colau da la espalda a los servicios de atención domiciliaria

Sacyr y la cooperativa Suara aprovechan las contratas para precarizar un sector que está a punto del colapso
Colau se niega a hacerse cargo del servicio de atención domiciliaría y deriva la gestión a las empresas de Forentino Pérez

“Estamos muy decepcionados con Ada Colau porque nos prometió que remunicipalizaría el servicio de atención domiciliaria y no ha hecho nada. La aupamos, con nuestro apoyo, a la alcaldía y ahora estamos resentidos porque era una activista por los derechos sociales que nos ha dejado de lado”. Quien habla así es Fina Salazar, trabajadora jubilada del servicio de atención domiciliaria de Barcelona y miembro de la Plataforma de Atención Domiciliaria de Cataluña. Denuncia las precarias condiciones laborales de este colectivo. “La mayoría son trabajadoras que no pueden ni llegar a final de mes y que se encuentran con situaciones que hacen muy complicado su trabajo. Este es un servicio social y tendría que ser municipal”, explica Salazar.

Actualmente hay unas 3500 personas que trabajan en los servicios de atención domiciliaria, el SAD, un 97% de los cuales son mujeres. “Muchas llegan derivadas de violencia de género y otras son mujeres inmigrantes. Todas, eso sí, son las cabezas de familia”. Hay dos categorías de trabajadoras en el SAD, la auxiliar del hogar, que hace trabajos de limpieza a domicilio, y las trabajadoras familiares, que atienden a las personas, en una gran mayoría dependientes, y que se encargan de duchas, higienes, control médico, ayudar con el papeleo… Cuando entran en los domicilios el panorama es desolador: suciedad, síndrome de Diógenes, enfermos mentales, personas encamadas… Los problemas a los que se enfrentan estas trabajadoras son muchos pero poco reconocidos por las empresas que las contratan. “Una persona que demanda los servicios del SAD es una persona que no tiene posibilidad de contratar a nadie que la ayude, con una situación muy precaria. Y al final son precarios cuidando otros precarios. De esto el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo porque a las empresas de las subcontratas no les importa ni el trabajador, ni el usuario”, argumenta Fina.

El SAD está en manos de dos grandes grupos: las empresas Sacyr y Clece, de Florentino Pérez, y la cooperativa Suara. “Lo que nosotros queremos es la remunicipalización del sector, para evitar que los grandes conglomerados se lleven el dinero, que se podría revertir en una mejora de la calidad de los servicios”. Ada Colau firmó el pasado 2016 el último contrato con el conglomerado de Florentino Pérez, para que se hiciera cargo del SAD en Barcelona, en detrimento de la ONG Associació Benestar i Desenvolupament, que lo hacía hasta aquel momento. Sacyr ofreció un precio más bajo y se llevó la contrata, tal y como ya había hecho con las basuras y la limpieza de las calles.

En cuanto a la cooperativa Suara, “ni es cooperativa, ni es nada, actúan sin moral ni humanidad”, declara una airada Fina Salazar. “Por ejemplo, cuando las trabajadoras hace un año que están en la cooperativa les dan a elegir entre ir al paro o hacerse socias aportando 8000 euros. Cómo que no tienen este dinero, se ponen en el paro y las que quieren capitalizan el dinero para entrar a la cooperativa; el problema es que muchas no llegan al total que piden y entonces se lo van descontando de la nómina”. Suara se encarga de dos de las cuatro zonas en que está dividida Barcelona por el SAD; y controla 1500 trabajadores.

Los trabajadores del SAD anuncian movilizaciones para denunciar la precariedad del servicio. Piden que el Ayuntamiento remunicipalice el sector para evitar que las ganancias se las lleven empresas como Sacyr. “Colau paga a Florentino 17,25€ la hora por cada usuario, y la empresa paga al trabajador unos 6,5€ por hora. El margen que le queda es demasiado grande y no se revierte en la calidad del servicio. Si se hiciera cargo el Ayuntamiento se mejoraría esta calidad” explica Fina Salazar, miembro de la Plataforma de Atención Domiciliaria de Cataluña. Mientras, Colau va pidiendo contención en el gasto social.

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