La semana pasada, Pablo Iglesias abrió el debate sobre la legalización del cannabis en España. La propuesta de Podemos llega la misma semana en que la venta de marihuana se ha convertido en legal en el Canadá. Pero, ¿es o no es conveniente legalizar el consumo de cannabis? El debate se ha instalado en Cataluña.
Desde la Generalitat ya hace tiempo que se apuesta por una regulación que ayude al "control, la prevención y la visibilización". Así, el subdirector general de Drogodependencias de la Generalitat, el doctor Joan Colom, afirma abiertamente que "estamos a favor de la regulación" del cannabis "como mal menor". Aún así, remarca que "desde la perspectiva de la salud pública el cannabis no es aconsejable igual que un consumo de tabaco o de exceso de alcohol".
Según Colom, la regulación de los 900 clubes de cannabis que hay en Cataluña "bajo unos criterios adecuados" puede ayudar a concienciar la población y a "hacer una política de prevención más directa de la que se hace ahora". En la actualidad, algunos de estos clubes ya actúan bajo unos criterios correctos, advirtiendo de los efectos del cannabis, pero muchos otros simplemente lo hacen como un negocio. A criterio de Colom, la regulación permitiría establecer una serie de obligaciones para los clubes, como la cantidad máxima a distribuir por un día.
Por otro lado, la Generalitat desvincula la regulación de un incremento del consumo. Reconoce, pero, que la edad es un factor importante, puesto que la afectación del cannabis para una persona joven es más relevante. No obstante, en la actualidad el 85% de los ingresos de adolescentes en urgencias son por alcohol, ante 2,5% por drogas.
A mediados de julio del año pasado, el Parlamento de Cataluña, fruto de una iniciativa legislativa popular (ILP), ya aprobó la Ley de asociación de consumidores de cannabis. La relatora de la iniciativa fue la actual consejera de Salud, Alba Vergés. No obstante, a finales del mes pasado, la unanimidad del pleno del Tribunal Constitucional decidió anular la ley catalana al considerar que invadía las competencias del Estado, después de que el gobierno de Mariano Rajoy presentara un recurso, alegando que daba amparo legal a actividades tipificadas como delito en el Código Penal.
El tribunal destaca que, aunque el cannabis contiene elementos o principios activos susceptibles de aplicación terapéutica, no se puede considerar un fármaco o un medicamento en "sentido estricto", "sino una sustancia cualificada de estupefaciente, lo cual significa que es una competencia en materia penal reservada al Estado, según el artículo 149.1.6 de la Constitución", destaca la resolución.
