En el nuevo gobierno de la Generalitat que preside Quim Torra no hay ningún consejero de la zona de Lleida, rompiendo una tradición que han respetado todos sus antecesores en el cargo. El caso es especialmente relevante en lo que se refiere al departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (DARP) que, dada la importancia que tiene este sector económico en las comarcas de Ponent, casi siempre ha estado en manos de una persona de esta demarcación de Cataluña.
Este es el caso de los leridanos Meritxell Serret y Josep Maria Peregrí, que ocuparon el cargo de consejeros de Agricultura en los últimos gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. Históricos dirigentes leridanos de Convergència, como Xavier Marimon, Josep Grau o Germà Gordó también han formado parte de anteriores gobiernos de la Generalitat. El caso más emblemático fue el del socialista Antoni Siurana que, en tiempos del tripartito, propuso que la sede de esta consejería se estableciera en la ciudad de Lleida, proyecto que no acabó de cuajar.
Pero Quim Torra ha nombrado para hacerse cargo del DARP a Teresa Jordà (ERC), ex-alcaldesa de Ripoll y esto ha enfadado a las fuerzas vivas leridanas. En este sentido, el diario local La Mañana tituló la designación del nuevo gobierno con este titular a toda portada: «Torra desbloquea el gobierno, sin presos, exiliados ni leridanos».
De hecho, en el nuevo consejo ejecutivo sí que hay una consejera originaria de las comarcas de Lleida: la titular de Justicia, Ester Capella, que nació en la Seu d’Urgell. Pero la consejera ha hecho toda su vida política en Barcelona, donde fue concejal de ERC y por esta circunscripción ha sido elegida diputada en Madrid en las dos últimas elecciones generales.
