Mientras la supuesta comisión de un delito de malversación por parte de los dirigentes del proceso soberanista se analiza en el Tribunal de Schleswig-Holstein y es negada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha revelado un nuevo cálculo de la cifra presuntamente malversada. Inicialmente cifrada en 1,6 millones de euros, en el informe que ha enviado a Llarena la Guardia Civil se hace constar que se destinaron al 1-O 1,9 millones de euros de dinero público.
El mismo informe, según revela El Español, sostiene que la Generalitat empleó a Òmnium Cultural como «sociedad interpuesta» para asumir gastos de material y que se usaron fondos de la subvención al grupo parlamentario de Junts pel Sí. En este sentido, se incluye el gasto del acto de presentación de la consulta del 1-O (17.69,2 euros), que tuvo lugar en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) y fue sufragado por el grupo parlamentario de JxSí. La Guardia Civil señala al entonces secretario de Difusión y Atención Ciudadana, Antoni Molons, como la persona que se valió de Òmnium en este sentido, mientras que al ex-consejero Jordi Turull, quien firmó el contrato con el TNC como presidente del grupo parlamentario de JxSí, también se lo responsabiliza de la creación de un censo electoral de residentes en el extranjero.
Asimismo, el informe hace constar transferencias de la Delegación de la Generalitat en Bruselas por 119.700 euros -además de un compromiso de pago de 47.365 euros que no se ha determinado si se abonó- relacionadas con la contratación de los observadores internacionales del 1-O.
El levantamiento del secreto sobre la instrucción relativo a las cantidades supuestamente malversadas coincide con el requerimiento por parte del juez Llarena al ministro Montoro para que justifique objetivamente por qué afirmó en una reciente entrevista a El Mundo que no se destinaron fondos públicos al 1-O.
