El pasado 26 de octubre por la mañana, cuando el ex-presidente Carles Puigdemont renunció a convocar elecciones anticipadas y decidió poner la DUI (en versión light) a votación en el Parlamento de Cataluña, una furgoneta de los Mossos d’Esquadra salió de Sabadell cargada con 30 cajas de documentación sensible. La aplicación del artículo 155 de la Constitución era inminente y los máximos responsables de la policía catalana consideraron que esa montaña de papeles tenía que desaparecer, quemada, en la incineradora de Tersa, en Sant Adrià de Besòs.
Pero alguien, desde dentro, pasó el chivatazo y cuando la comitiva de los Mossos con la furgoneta llegó a la puerta de la incineradora, se topó con una fuerte dotación de la Policía Nacional cerrándoles el paso. No sólo eso: la magistrada Carmen Lamela, desde Madrid, ordenó que las 30 cajas de documentación fueran confiscadas. Desde entonces, la Brigada de Información de Cataluña (BIC) de la Policía Nacional se ha dedicado a analizar con lupa esa montaña de documentación que estaba destinada a las llamas.
Con DNI falsos
Según se ha filtrado a los medios de comunicación, en esas 30 cajas habría pruebas documentales que confirman la existencia y el funcionamiento de la misteriosa Unidad Central de Recursos Operativos (UCRO) de los Mossos d’Esquadra, a la que se atribuye tareas de policía política a las órdenes de la cúpula jerárquica del gobierno de la Generalitat. La UCRO no figura en el organigrama oficial de los Mossos d’Esquadra, donde, en cambio, sí que existe la Comisaría General de Recursos Operativos, de la que dependen los escoltas de los altos cargos, la brigada móvil, el Grupo Especial de Intervención, el de desactivación de artefactos y el área penitenciaria. A este último departamento estaba adscrito el mosso acusado de provocar dos masivos pinchazos de ruedas de camiones en la autopista AP-7, un extraño suceso que está bajo investigación judicial.
Por lo que ha trascendido, la UCRO no dependía de la Comisaría General de Recursos Operativos, sino de la Comisaría General de Información, que dirige Manel Castellví, el responsable de los Mossos que fue alertado por la policía belga, en 2016, sobre las actividades jihadistas de la imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, y que recibió el aviso del consulado de los Estados Unidos sobre la inminencia de un atentado en «las Ramblas» de Barcelona pocas semanas antes de que se produjera.
La misteriosa UCRO se habría organizado con la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat y bajo las órdenes del entonces consejero de Interior, Felip Puig. En su inicio, estaba formada por una docena de agentes pata negra, de probada fidelidad a la causa nacionalista, y, con posterioridad, sus efectivos, que visten de paisano, habrían llegado hasta la cuarentena.
LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN EN PAPEL DE EL TRIANGLE DE ESTA SEMANA
