Con la decisión de la Audiencia de Barcelona de rechazar el pacto cerrado entre la Fiscalía y Oriol Pujol por el caso de las ITV y enviarlo a juicio oral con el veredicto de un jurado popular se rompe el último puente que quedaba para encontrar una solución negociada al conflicto catalán. Desde que el pasado 27 de octubre la mayoría de Junts pel Sí y la CUP votó lo que votó en el Parlament, la ofensiva del Estado es total y en esta guerra ya no valen transacciones bajo mano para amortiguar sus devastadoras consecuencias.
Yo, que como periodista he vivido en primera línea los últimos 40 años de la historia de Cataluña y tengo suficiente perspectiva, creo que las preguntas que nos debemos formular son: ¿cuándo empezó el actual ciclo de hostilidades entre el mundo convergente y el PP que nos ha llevado a la intervención de la Generalitat y al desastre político actual? Y, sobre todo, ¿por qué se desató?
La chispa que inició el incendio no es, como se nos quiere hacer creer, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que es del año 2010. Debemos tener muy claro que durante los años 2010-2011 y el primer semestre del 2012, CiU y PP iban de la mano en Barcelona y en Madrid. Alícia Sánchez-Camacho, como presidenta del PP de Cataluña, aprobó los presupuestos de Artur Mas para el año 2012 y CiU apoyó, al inicio de la legislatura, las leyes antisociales de Mariano Rajoy, a pesar de que el PP no lo necesitaba, porque tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
¿Qué pasó durante los primeros meses del año 2012 para que el pacto CiU-PP saltara por los aires y desembocara en una convocatoria anticipada de elecciones al Parlamento de Cataluña, con Artur Mas reconvertido en Moisés de la causa independentista? Esta es una pregunta clave. Y, repasando la hemeroteca, sólo hay una explicación plausible para justificar esta ruptura: la imputación de Oriol Pujol, que acababa de ser escogido secretario general de CDC en el congreso de Reus –y, por lo tanto, designado candidato in pectore a la presidencia de la Generalitat-, por una investigación judicial derivada de una trama de corrupción… ¡en Galicia!
Desde el intento de golpe de Estado del coronel Antonio Tejero (1981), existía un pacto no escrito, pero sólidamente implantado, entre el rey Juan Carlos I y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol: éste garantizaba la lealtad de Cataluña a la Corona borbónica, bloqueando el latente sueño independentista, a cambio que los gobiernos de Madrid no interfirieran en los asuntos internos de Cataluña, que quedaban bajo el control de Jordi Pujol. Este pacto de no agresión y vasallaje se tambaleó con la querella criminal por la quiebra de Banca Catalana (1984), que amenazaba la continuidad de Jordi Pujol, y que fue finalmente archivada por razones de Estado.
El pacto entre La Zarzuela y Jordi Pujol también se tradujo en fructíferos negocios privados –con los beneficios escondidos en paraísos fiscales- y en garantizar el derecho a sucesión de los herederos de la dinastía española y de la dinastía catalana, siendo Oriol Pujol el escogido para ocupar, en el futuro, la presidencia de la Generalitat. Por eso, su imputación judicial en 2012 por el caso de las ITV, que forzó su expulsión de la vida política, fue interpretada por su padre como una puñalada a traición de Madrid, que de este modo rompía unilateralmente el pacto de lealtad mutua que tan bien había funcionado durante más de 30 años.
Jordi Pujol, que calculaba con pasar a la historia como el gran patriarca de Cataluña –con calles y plazas dedicados a su memoria después de unas exequias que preveía que serían impresionantes- consideró que el asesinato de su heredero era una provocación inaceptable y decidió desenterrar el hacha de guerra. Es en este momento, justo antes del verano de 2012, cuando se desata la espiral de hostilidades que nos ha llevado hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la destitución del gobierno de la Generalitat y la convocatoria de las elecciones de este próximo 21-D.
La guerra del 2012-17 entre los ejércitos borbónico y pujolista ha sido dura e intensa, pero –dada la incomparable desigualdad de fuerzas- la derrota del campo convergente ha sido absoluta, como no podía ser de otra manera. Repasemos los episodio de armas más relevantes desde la ruptura del pacto CiU-PP: el caso de La Camarga y la imputación de Jordi Pujol Ferrusola (2013), la abdicación forzada del rey Juan Carlos I por la amenaza de que le estallaran los casos de corrupción que le rodeaban (2014), descubrimiento de las cuentas del clan Pujol en Andorra e imputación de toda la familia del ex-presidente (2014), destrucción de Convergència por la investigación judicial del caso del 3% (2015), sacrificio de Artur Mas y sustitución por Carles Puigdemont (2016), denuncia de las cloacas del ministerio del Interior y muerte política de Jorge Fernández Díaz (2016), multazo del Tribunal de Cuentas contra Artur Mas que conlleva el embargo de sus bienes, encarcelamiento de Jordi Pujol Jr. (2017), los atentados del pasado 17 de agosto, las leyes de ruptura del 6-8 de septiembre, el referéndum del 1-O, la huelga general del 3-O, el discurso del rey Felipe VI (4 de octubre), la aprobación de la DUI sui generis (27 de octubre) y, finalmente, intervención de la Generalitat, con el encarcelamiento de ocho consejeros y el exilio de Carles Puigdemont.
Esta guerra en pleno siglo XXI y en el marco de la Unión Europea se ha desarrollado con las armas al alcance que hay en democracia: los servicios de información y de inteligencia, los medios de comunicación, la propaganda, las redes sociales, la diplomacia y el brazo ejecutor del poder judicial. Durante estos cinco años, y en pleno clima bélico, los catalanes hemos vivido un montón de elecciones –autonómicas (2012, 2015 y este próximo 21-D), municipales (2015), generales (2015 y 2016) y europeas (2014)-, además de la consulta del 9-N (2014) y el pasado referéndum del 1-O. En total, hemos sido convocados a las urnas nueve veces seguidas y hemos vivido muchas manifestaciones «históricas» –en especial, las de los 11 de Septiembre-, lo que ha provocado, como es obvio, una movilización permanente y una sobresaturación política.
Antes del pasado verano todavía había una brizna de esperanza para reconducir la situación y evitar la cantada aplicación del artículo 155 si, finalmente, se aprobaba la DUI. El Estado alargó la mano al clan Pujol para acabar la guerra: el juez José de la Mata decidió que Jordi Pujol Jr. podía salir de Soto del Real si pagaba una fianza de 3 millones de euros y la Fiscalía cerró un acuerdo con Oriol Pujol para evitar que fuera a juicio, le redujo la pena inicial para que sólo permaneciera encerrado durante unos meses y exoneró a su mujer, Anna Vidal Maragall, de pisar la prisión.
Pero después de la votación del Parlamento del pasado 27 de octubre, la propuesta de paz y tregua formulada desde Madrid quedó sin efecto y se pasó a la fase del asalto final de la Generalitat, en la cual estamos ahora. Todavía hubo una oferta in extremis: la represión del gobierno central sería menor si Carles Puigdemont anunciaba, el día 26-O, que convocaba elecciones anticipadas. Dicen, dicen, dicen (lo asegura Jordi Juan en La Vanguardia)… que, en aquellas horas críticas, Jordi Pujol hizo llegar una carta al todavía presidente de la Generalitat para que las convocara.
¿Por qué Carles Puigdemont, a pesar de todas las presiones, decidió enarbolar la bandera negra (Donec perficiam) y dejó que el Parlamento aprobara la DUI sui generis? Ésta es la tercera pregunta clave, que todavía no tiene respuesta… porque los hechos son demasiado calientes.
En todo caso, pase lo que pase el día 21, hay una cosa clara: si los tres partidos independentistas sumaran mayoría absoluta y formaran gobierno, el Estado –con la bendición de la Unión Europea- continuará manteniendo el control estricto de las finanzas de la Generalitat y aplicando el artículo 155 para abortar cualquier intento de reactivar la autoproclamada Repúbica catalana.
La resolución de la Audiencia de Barcelona de rechazar el pacto de la Fiscalía con Oriol Pujol y su mujer y hacerlos pasar por el trance de ir a juicio con jurado popular es la constatación que, ahora sí, el poder del Estado ha decidido aniquilar y enterrar el pujolismo. España tuvo el régimen franquista durante 39 años (1936-75) y en Cataluña hemos tenido el régimen pujolista durante 37 años (1980-2017). Todo acaba.
¿Qué pintan ERC, la CUP, la ANC y Òmnium en esta tragedia de tintes shakesperianos? Son comparsas, aunque se crean protagonistas.
