La aplicación del artículo 155 de la Constitución dejó a los departamentos de la Generalitat sin consejeros, sin sus equipos y con la orden de rendir cuentas y pedir permiso por todo a Madrid y al gobierno de Mariano Rajoy. El enfado entre los funcionarios y trabajadores públicos al conocer la decisión fue descomunal.
Pero a la práctica la cosa no fue tan catastrófica como los dirigentes independentistas vaticinaban. Resulta que algunos trámites son más lentos por la exigencia del visto bueno de Madrid, pero en esencia, el Estado no ha entrado en tromba. Esto hizo que el malestar de los funcionarios se convirtiera en una cierta indiferencia.
A pesar de todo, la maquinaria independentista quería sacar rédito de la intervención y del 155, e intentó hacer de la masa laboral de la Generalitat un punto de presión más contra Madrid. Convocaron paros puntuales a las puertas de los departamentos, celebraron asambleas, intentaron enervar a los funcionarios por la situación y finalmente se asociaron y llamaron a una gran concentración en la plaza de Sant Jaume para mostrar el rechazo al 155 y el apoyo al «gobierno legítimo» y al proceso soberanista. La sorpresa fue cuando a la cita no acudieron suficientes como para ni siquiera llenar la plaza. Intento fracasado.
