La Constitución española del 1978 dice que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, pero a estas alturas, casi 40 años después, la Iglesia católica continúa subvencionada por el gobierno, no sólo con dinero público, unos 250 millones al año que salen de las arcas de Hacienda, sino también a través de políticas fiscales favorables que la han convertido en la primera inmobiliaria del Estado. La Iglesia tiene un total de 3.940 edificios religiosos en Cataluña, de los cuales está exenta de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI), pero no se sabe la cantidad exacta de propiedades sin carácter confesional que posee y que tampoco pagan IBI, a pesar de que la cifra está alrededor de los 10.000 bienes: es el caso de pisos, locales, garajes, solares y un largo etcétera que están registrados a nombre de la Iglesia católica.
Se calcula que desde el 1998, en la época de José María Aznar, la Iglesia inmatriculó 4.500 inmuebles en toda España. Es decir, los registró como propiedad eclesial. Sólo hacía falta un certificado del obispado donde estaba situada la propiedad. De este modo la Iglesia pudo registrar a su nombre, entre otros casos curiosos, la Mezquita de Córdoba por sólo los 30 euros que costaba el papel del certificado y se ahorra así 40.000 euros anuales de pago del IBI a la ciudad. Con esta inmatriculación en masa se pudieron poner a nombre de la Iglesia no sólo antiguos centros confesionales, sino casas de sacerdotes en los pueblos, pisos alquilados en los centros de las grandes ciudades, locales comerciales, solares heredados de feligreses, campos y tierras de cultivo… un patrimonio muy opaco que convierte a la Iglesia en un importante activo económico sin controlar. Si bien es cierto que en 2014, durante el pasado mandato de Mariano Rajoy, se cambió la ley para poner fin a esta práctica, todavía no se sabe con exactitud la cantidad de bienes que posee la Iglesia, porque el ministerio de Justicia asegura que no tiene competencias registrales.
El principal problema de todo esto no es la titularidad de los inmuebles, sino que también están exentos de pagar el IBI, hecho que supone un fuerte pellizco para las arcas municipales. El IBI representa el 30% de los ingresos municipales y lo pagan, religiosamente, particulares y empresas propietarias de cualquier inmueble. La Iglesia católica y otras religiones, los cuarteles de la Guardia Civil, las comisarías, las prisiones y las embajadas, así como la Cruz Roja, la ONCE, la Renfe y las estaciones de tren… están exentas de pagarlo. Según los cálculos que ha realizado la asociación Europa Laica, la Iglesia se estaría ahorrando más de 2.500 millones de euros en concepto de IBI cada año.
TRES MUNICIPIOS TOMAN LA INICIATIVA
Badalona, Terrassa y Reus son tres de las ciudades catalanas que, con la ley europea en la mano, han aprobado mociones a sus consistorios para empezar a reclamar el pago del IBI a la Iglesia, a pesar de que se necesita un cambio en la ley española para poder cobrarlo de manera efectiva.
En el caso de Badalona se reclama el pago de este impuesto a 17 escuelas católicas, hecho que supondría un ingreso para el consistorio de 230.000 euros, una cifra que aumenta hasta los 353.000 euros si se tienen en cuenta todos los inmuebles religiosos. Por su parte, Terrassa ha hecho sus cálculos y son 200.000 euros los que ha dejado de ingresar, sin contar las escuelas católicas concertadas.
Reus, que tiene unos 52 inmuebles de la Iglesia en la ciudad, ha cifrado el IBI en 135.000 euros y está elaborando un censo para saber exactamente cuales de estos inmuebles están dedicados a culto y por lo tanto exentos de IBI y cuales no. Teniendo en cuenta que entre los inmuebles hay parkings, almacenes o cafeterías, no tendría que ser difícil de establecer, pero la Iglesia cree en los milagros… Una ciudad como Barcelona, a pesar de no tener un censo actualizado de todas las propiedades de la Iglesia, cifra el ingreso del IBI no cobrado en 930.000 euros. Santa Coloma de Gramenet y Mataró, por ejemplo, recaudarían alrededor de 70.000 euros cada uno.
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