La tremenda crispación política que se vive en Cataluña y el divorcio total que hay entre el poder judicial y el movimiento independentista no ayudan nada a Oriol Pujol, el heredero político de la dinastía que vio truncada su meteórica carrera a la presidencia de la Generalitat al destaparse, en 2012, su involucración en el caso de corrupción de las ITV. Después de cinco años de tortuosa investigación, el sumario instruido por la magistrada Silvia López Mejía llega finalmente a juicio oral y será sometido al veredicto de un jurado popular.
El pasado mes de julio, el abogado del matrimonio Pujol, Xavier Melero, llegó a un pacto con la Fiscalía: Oriol Pujol asumía la autoría de tres delitos -tráfico de influencias, soborno y falsedad documental- y aceptaba una pena de 2,5 años de prisión.
A cambio, su esposa, Anna Vidal, admitía los delitos que se le imputaban y acordaba pagar una multa de 47.250 euros, pero eludía entrar en prisión. Los otros dos imputados en el sumario, los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou, también han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, por el cual se liberan de la prisión a cambio de pagar fuertes multas. Sin embargo, ni el ex-número dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous, ni el empresario Sergi Alsina -el cerebro de la trama corrupta- han querido pactar con el ministerio público, y por eso se ha dictado la apertura de juicio oral.
Ahora, el magistrado presidente que designe la oficina del jurado para este proceso tendrá que decidir si dicta una sentencia para los acusados que se han conformado y juzga a los otros o si se celebra un juicio para todos y el acuerdo queda en nada. Y es aquí donde el tóxico ambiente político que se respira en Cataluña juega en contra de los intereses de Oriol Pujol.
En el supuesto que el magistrado presidente rechazara el acuerdo logrado con la Fiscalía, Oriol Pujol y su mujer se sentarían en el banquillo de los acusados con una espada de Damocles sobre la cabeza: la fiscalía anticorrupción, en sus conclusiones pedía -antes de cerrar el pacto con el matrimonio- cinco años y dos meses de prisión para el ex-diputado, más 310.000 euros de multa, y tres años y cuatro meses para su mujer.
Además, el letrado Xavier Melero tenía previsto -en el supuesto de que prosperara el pacto logrado con la Fiscalía-, pedir que Oriol Pujol ni siquiera entrara en prisión, puesto que las tres penas que ha aceptado tienen, aisladamente, una condena de dos años de prisión. En este desenlace del caso de las ITV sorprende la actitud de los dos acusados -Sergi Alsina y Josep Tous- que no han aceptado subscribir el pacto con el ministerio público. Se trata, precisamente, de personas muy próximas a Oriol Pujol y no se entiende que hayan forzado la apertura del juicio oral.
En un caso de corrupción como este, muy politizado y con una alta complejidad técnica y jurídica, hay voces que cuestionan la idoneidad de dejar el veredicto en manos de un juzgado popular. En todo caso, Oriol Pujol será el primer miembro de la familia del ex-presidente de la Generalitat que comparecerá en un juicio. Sus padres y sus hermanos también están imputados, pero el sumario en el cual se les investiga está todavía en fase de instrucción y va por largo.
