La CUP ha asegurado este miércoles que el pleno del Parlamento catalán del próximo lunes proclamará la independencia de Cataluña, pero la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, ha afirmado en Catalunya Ràdio que no puede prever qué pasará en aquella sesión, que tiene como único punto de la orden del día la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, centrada en la implementación de los resultados del 1-O.
Forcadell ha dicho que nadie puede dudar de la legitimidad de aquella votación porque participaron más de dos millones de catalanes bajo condiciones «de violencia», y que trabajará para que el Parlamento de Cataluña defienda la soberanía de los catalanes. Varias decisiones anunciadas por el ejecutivo de Carles Puigdemont durante la jornada del 1-O y anteriores, sin embargo, no sólo contravinieron el ordenamiento español y desobedecieron al Tribunal Constitucional, sino también a varias disposiciones sobre garantías y funcionamiento de la ley suspendida en la que el ejecutivo amparaba el 1-O.
Asimismo, un grupo de observadores internacionales del 1-O encabezado por el ex-embajador holandés Daan Everts ha concluido que la votación no pudo cumplir los estándares internacionales en cuanto a transparencia, si bien culpa a la acción del Estado, al que atribuye un uso de la fuerza que «no tiene lugar en democracias consolidadas», que consideran que «refuerza» el resultado de la votación. Además, han criticado la manera como la mayoría independentista aprobó la ley del referéndum hace un mes. En declaraciones a Catalunya Radio, Everts no sólo ha reiterado que el 1-O no ha alcanzado los estándares internacionales, sino que también ha denunciado presiones a periodistas por parte de partidarios del referéndum.
Este miércoles, el secretario general de la cámara, Xavier Muro, y del letrado mayor, Antoni Bayona, han avisado por escrito a Forcadell y el resto de los miembros de Mesa del Parlamento que tienen la obligación de «impedir o paralizar cualquier iniciativa» que de manera directa o indirecta suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por decisiones del Tribunal Constitucional, en referencia a la suspensión de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica.
