Mientras que el gobierno de la Generalitat presentaba el operativo de la organización de la consulta independentista del 1-O, el gobierno central ha asegurado, a través de su ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que «no habrá ningún referéndum en Cataluña, pues se ha convocado sin legalidad y está sin sindicatura, sin papeletas, sin meses electorales, sin notificaciones oficiales, sin censo oficial, sin protección de datos, sin tarjetas censals, sin administración electoral y sin locales autorizados».
En este contexto, Méndez de Vigo no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pueda hacer una declaración unilateral de independencia (DUI) después de la consulta, pero ha afirmado que Puigdemont ya no es un interlocutor válido para el Estado para después del 1-O.
El ejecutivo de Mariano Rajoy ha amenazado a quienes están organizando el referéndum, gobierno catalán con el apoyo de la CUP, y les ha dicho que «los responsables de esta situación responderán ante los tribunales de forma personal y patrimonial». Y ha insistido que «el gobierno (central) hará cumplir las leyes, todos somos responsables nuestros actos y quienes las vulneren tendrán que enfrentarse a las consecuencias».
El ministro portavoz ha recordado que «el Gobierno (central), la Comisión de Venecia y todos los organismos internacionales aseguran que eso no es un referéndum», y ha añadido que «la Comisión de Venecia dijo que la consulta no responde al código de buenas prácticas, pues no respeta la Constitución», y ha remachado que «este es un proceso ilegal desde el principio por lo cual el Gobierno impedirá que se pueda materializar».
Sobre el papel que jugarán los Mossos d’Esquadra el 1-O, Méndez de Vigo se ha mostrado convencido que no fallarán, cuando ha dicho que «los Mossos son Estado, están sometidos a los tribunales y tienen que estar al servicio de la justicia».
En este sentido, en un nuevo documento interno sobre cómo tiene que ser el uso de la fuerza policial para el 1-O, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ordena a los agentes de la policía catalana que «en ningún caso se podrá hacer uso de la defensa policial extensible u otros elementos de naturaleza similar» para cumplir con las «acciones ordenadas por la interlocutoria judicial (TSJC)» en casos de «resistencia pasiva».
El documento, hecho público por La Vanguardia, dice que esta orden «sólo decaerá en caso de agresiones a terceros o a la misma policía que obliguen a repeler, dirigiendo su acción en todo caso únicamente sobre las personas que estén provocando estas agresiones y nunca de manera generalizada».
Así, «el uso de la fuerza, ante conductas de resistencia pasiva, no podrá ir más allá del acompañamiento de personas hasta el exterior del centro o para permitir abrir un pasillo que deje acceder a la policía para hacer las comprobaciones y las acciones ordenadas en la interlocutoria judicial».
La orden de Trapero indica expresamente que «antes de adoptar una decisión que comporte el uso de la fuerza se tendrá que tener en cuenta cuales pueden ser las consecuencias de una posible intervención policial, evitando generar un mal mayor del cual se trata de evitar, y especialmente cuando entre las personas concentradas haya presencia de menores, gente mayor u otros colectivos vulnerables».
