Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona están custodiando desde este jueves urnas en poder del Ayuntamiento de la capital catalana para impedir que sean trasladadas a puntos de votación del referéndum del 1 de octubre, cuya convocatoria ha suspendido el Tribunal Constitucional pero mantiene el gobierno de la Generalitat.
Estas urnas, que el consistorio almacena para votaciones de procesos electorales habituales, se encuentran en un local municipal de la calle Perú, en el barrio del Poblenou. La Guardia Urbana obedece, de este modo, las instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña, que indicó a las policías locales que tenían que impedir que el material electoral de la Administración del Estado fuera empleado el 1-O.
Colau pide implicación a la CE
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha sumado a las voces de autoridades públicas catalanas, como las del presidente Carles Puigdemont y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, que quieren implicar a la Comisión Europea en el conflicto político entre los gobiernos de España y de Cataluña.
En un artículo publicado en The Guardian, desde donde también Puigdemont trató de convencer a la CE, Colau pide a la institución que preside Jean-Claude Juncker que «abra un espacio de mediación» por considerar que se encuentran «en riesgo los derechos y libertades fundamentales». La alcaldesa, que también se ha dirigido por carta a 27 alcaldes de ciudades europeas, denuncia una «ola de represión» por parte del Estado.
