La Generalitat de Cataluña ha presentado este lunes un recurso en el Tribunal Supremo contra la intervención de sus cuentas, que el gobierno de España decidió el viernes y tiene previsto efectuar si el gobierno catalán sigue negándose a remitir un informe semanal de sus gastos.
Esa rendición de cuentas, establecida para evitar que se dedique dinero público en la organización del referéndum, fue rechazada como un «control político» que no busca la «estabilidad presupuestaria» por el vicepresidente Oriol Junqueras, que comunicó al ministro Cristóbal Montoro por carta que no enviaría más informes semanales. Este lunes, Junqueras ha acusado al gobierno español de querer provocar el colapso de todas las administraciones con sus medidas de control del gasto.
Si el gobierno catalán no obedece finalmente el requerimiento, el Estado asumirá la tutela de todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat, algo que la Generalitat ha querido evitar con la presentación del recurso. El gobierno catalán argumenta que el ejecutivo de Mariano Rajoy está llevando a cabo una intervención encubierta, aplicando ilegalmente, señala, la ley de estabilidad financiera, de forma que activa el artículo 155 de la Constitución «por la puerta trasera», en palabras del secretario de Economía, Pere Aragonés.
