Nada que ver con el despliegue antiterrorista de este martes en los alrededores de la Sagrada Familia, que también ha sido una falsa alarma. Este martes a primera hora de la tarde ha corrido por Twitter que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había prohibido a TV3 emitir informaciones periodísticas sobre el referéndum. Enseguida, usuarios soberanistas y, sobre todo, independentistas más y menos conocidos se han lanzado a denunciar un inexistente caso de censura previa y comparando la España de Mariano Rajoy con la Turquía de Recep Tayyip Erdogan.
El origen de esta bola de nieve radica, en buena parte, en la forma como el portal informativo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el 324, se han hecho eco de una comunicación del TSJC. Su titular, muy redifundido, era: «El TSJC pide a TV3 que «no informe» de acuerdos o actuaciones que permitan el 1-O». 24 horas más tarde, había recibido más de 3.200 retweets y más de 1.000 «me gusta».
Posteriormente, el 324 ha publicado aclaraciones porque la realidad era bastante menos grave y espectacular, pero ninguno de los siguientes mensajes ha tenido la misma repercusión. Por un lado, ha piado: «El TSJC notifica al director de TV3 que no puede informar de acuerdos o actuaciones que permitan preparar o celebrar el 1-O». Por otro lado, se ha hecho eco de la piada del propio TSJC, que aseguraba que «no ha adoptado hoy ninguna resolución en relación a TV3 ni Catalunya Ràdio», sino que «ha notificado hoy la resolución del Tribunal Constitucional del pasado jueves».
A la vez, una información de Catalunya Plural (eldiario.es) ha explicado aquella misma tarde, citando fuentes del TSJC, que «el aviso del Constitucional a los directores de TV3 y Catalunya Ràdio no afecta al derecho a informar del referéndum» y que «se refiere a la difusión de la campaña de publicidad de la Generalitat del 1-O, que actualmente emiten TV3 y Catalunya Ràdio en sus bloques publicitarios».
Como relata Catalunya Plural, la clave se encontraba en la inclusión del verbo «informar» en referencia a la tarea de funcionarios y cargos públicos y no al trabajo de los periodistas. Literalmente, la comunicación del TC remitida por el TSJC decía: «Os advierto de vuestro deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Particularmente, que os abstengáis de iniciar, tramitar, informar y/o dictar, en el ámbito de vuestras respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación en Cataluña…».
Entre los que se pasaron de frenada con sus comentarios, basándose en la primera información del 324.cat, hay destacados miembros de la CUP como la diputada Mireia Boya -«Vuelve la censura. Vuelve el NO-DO»-, y la regidora y ex-diputada Eulàlia Reguant -«No informar. Negar la realidad. Directos a la censura»-, así como la diputada de ERC Anna Simó –«Y prohibir que los medios INFORMEN. Cómo llama la Constitución española a esto?«- y el líder de Podem y diputado de Catalunya Sí Que Es Pot, Albano Dante Fachín. Este último, incluso, explicó que se lo había mirado con calma: «Lo he tenido que leer 3 veces para asegurarme de que dice lo que dice… y lo dice! «NO INFORME«.
Este miércoles por la mañana, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, todavía daba cuerda a una supuesta restricción al derecho a informar… Antes habían hecho lo propio, entre muchos otros, Agustí Colomines, el mediático director de la Escuela de Administración Pública de Catalunya (cargo de la Generalitat), que habló de «dictadura informativa», el comunicador Toni Soler, que consideró que «ir a tocar la libertad de información… y TV3… ¡Hay que ser idiota!», y el economista Xavier Sala-i-Martin, quien alertó: «El estado español prohíbe a los medios que informen!!!».
