La Generalitat anula la condena contra Huertas Claveria

La viuda del periodista ha sido la primera de las 66.590 familias que recibirán un documento de anulación de consejos de guerra
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La consejería de Justicia ha expedido el primer documento que acredita la anulación del juicio político contra una víctima del franquismo. El consejero de Justicia, Carles Mundó, ha entregado el certificado a Araceli Aiguaviva, viuda del periodista Josep Maria Huertas Claveria, que fue condenado en 1975 y encarcelado en la Modelo por la publicación de un reportaje en el diario Tele/eXpréss titulado Vida erótica subterránea, donde se explicaba que «un buen número de ‘meublés’ estaban regentados por viudas de militares».

Araceli Aiguaviva es la primera de los 66.590 familiares que recibirán en Cataluña un certificado individualizado con nombre y apellidos, que da fe de la nulidad de un juicio o un consejo de guerra dictado por causas políticas durante la dictadura franquista. Concretamente, en el certificado consta la nulidad de pleno derecho de las causas, sentencias y resoluciones de los tribunales militares franquistas y el documento va acompañado por una carta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, donde reconoce la persona acreditada como víctima del franquismo.

Según Carles Mundó, la consejería de Justicia ha decidido escoger al periodista Josep Maria Huertas Claveria para entregar el primer certificado debido a su notoriedad, por ser «un referente de la lucha antifranquista y un símbolo de la libertad de expresión«. La entrega de estos documentos es «imprescindible para hacer un acto de justicia, anular las causas y dejar establecido que estas sentencias fueron injustas y tenían que ser formalmente anuladas», ha afirmado el consejero de Justicia.

Para Araceli Aiguaviva este documento «supone, después de haber transcurrido tantos años, una mínima reparación ante la injusticia que cometieron con él. Estuvo ingresado en la quinta galería con los condenados a muerte. Fue espantoso», ha dicho. «Era evidente que los tribunales habían actuado contra la legalidad y habían vulnerado el derecho a un juicio justo«, puesto que «en el reportaje no había injurias, ni desde el punto de vista jurídico ni desde la interpretación de las palabras», señala la viuda del periodista.

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