El censo, uno de los secretos mejor guardados del referéndum del 1-O, ya está atado, según asegura la CUP que le ha garantizado el Gobierno catalán. «Nos han dicho que tienen un censo y también nos han dicho de donde sale. Lo que pasa es que no lo haré público», ha afirmado el diputado anticapitalista Benet Salellas. «Es dramático, pero es así», ha dicho justificando este secretismo.
Salellas admite que el silencio que mantiene su partido respecto de la organización del referéndum «ni es sano ni es democrático ni entra en una lógica política normal», pero defiende que es imprescindible por el rechazo frontal del Estado al referéndum y las investigaciones judiciales puestas en marcha sobre el 1-O.
Por otro lado, la CUP ha defendido que la ley de transitoriedad jurídica que impulsa con JxSí se tiene que aprobar antes del referéndum del 1-O y ha asegurado que, si JxSí no quiere aprobarla antes de la consulta, están dispuestos a tramitarla en solitario al Parlamento.
«Si hay dificultades para entrarla a registro o hacer una tramitación conjunta, como CUP estamos dispuestos a hacer una entrada a registro de esta ley exclusivamente como CUP», ha explicado el Salellas.
Este escenario se plantea porque en el seno de JxSí hay disparidad de criterios sobre qué hacer con esta ley: algunos son partidarios de aprobarla antes del 1-O, mientras que otros sostienen que sólo puede aprobarse si gana el ‘sí’ en el referéndum, puesto que es la ley que materializa la independencia.
