El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha satisfecho la petición de Iberpotash, que había planteado un incidente de ejecución sobre la sentencia que la obligaba a dejar de acumular residuos salinos en El Cogulló (Sallent). «Estamos muy contentos con la resolución del juez porque avala el trabajo hecho y nos acerca a la minería sostenible», ha celebrado en Twitter esta filial de la multinacional Israel Chemicals Ltd (ICL).
El TSJC concede una moratoria de un año ampliable a otro. De este modo, consiente que Iberpotash aboque residuos salinos al menos hasta junio de 2018 y, si cumple sus compromisos e informa con tres meses de margen, hasta 2019, como deseaba la empresa, que se ha comprometido a aportar un aval de casi 4 millones de euros.
En contraste con la empresa y sindicatos como CCOO, que ve positiva esta resolución «puesto que garantiza la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo» -al igual que la mayoría del Parlamento, excepto la CUP-, la decisión del juez representa un golpe duro, si bien previsible, para la asociación de vecinos de la Rapiña, que obtuvo una sentencia favorable y contaba hasta hoy con este 30 de junio como fecha tope para detener los vertidos, y también para los activistas de Prou Sal, que denuncian las prácticas laborales y el impacto medioambiental de Iberpotash.
