La reanudación del caso Adigsa se ha saldado con un acuerdo de conformidad subscrito por casi todos los acusados. Se trata de un asunto de corrupción que data del último año de Jordi Pujol como presidente, 2003, cuando Artur Mas era primer consejero de la Generalitat y Felip Puig, consejero de Política Territorial y Obras Públicas.
Cuatro cargos de la Generalitat de entonces han evitado ingresar en prisión mediante un pacto con la Fiscalía porque han reconocido que inflaron el coste de obras promovidas por Adigsa, la empresa pública de vivienda, y se han comprometido a devolver 120.000 euros a la Generalitat.
Son el ex-consejero delegado de Adigsa Josep Antoni Fontdevila, el supuesto técnico externo José María Penín (familiar del ex-consejero Felip Puig), el ex-responsable del área técnica Jordi Huguet y la ex-encargado de la economía y la compra de vivienda de segunda mano Xavier Sala.
En cuanto a los empresarios procesados, a diferencia de Jordi Honrubia y Ángel Egido, el constructor José Antonio Salguero no ha aceptado pactar. Sostiene que Penín le chantajeó, que Artur Mas y Felip Puig lo sabían, y que las comisiones que pagaban los empresarios se destinaban a Convergència. «Me envió el señor Ferran Falcó a solicitarme silencio», ha dicho sobre Artur Mas.
«Pagué un chantaje, con conocimiento de CiU, y por lo menos me gustaría poder explicárselo a un juez y defender mi inocencia», ha añadido Salguero este martes.
El caso Adigsa es aquel al que se refirió el ex-presidente Pasqual Maragall cuando dijo a Convergència en sede parlamentaria en 2005 que «ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%». El juicio se aplazó el pasado 2 de mayo por un error del tribunal, que no citó al representante legal de una empresa.
