El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha utilizado su mayoría en el Consorcio del Palau de la Música para impedir que Convergència sea acusada por este organismo de haberse financiado irregularmente cobrando comisiones de Ferrovial.
El pasado viernes, el Ayuntamiento de Barcelona propuso que el Palau acusara a CDC, pero no salió adelante la iniciativa por los votos en contra de los tres representantes de la Generalitat, el presidente Carles Puigdemont, el consejero de Cultura, Santi Vila, y el secretario general de Cultura, Pau Villòria, al que delegaron sus votos los dos anteriores.
Fuentes de la Generalitat han atribuido la oposición a que quieren esperar a conocer las conclusiones de la Fiscalía en el juicio del caso Palau antes de dar luz verde al cambio de orientación promovido por el consistorio que encabeza Ada Colau. En síntesis, alegan que no es el instante procesal adecuado. Sin embargo, Marta Rovira (ERC) ha expresado en nombre del partido que lidera el vicepresidente Oriol Junqueras que «se tiene que ir hasta el final, como hemos dicho siempre. El Departamento de Cultura se lo tendría que repensar. ¡El autonomismo ha muerto!».
La ausencia del representante del Ministerio de Cultura dejó solo en aquella votación al Ayuntamiento de Barcelona, que está explorando vías para que el Consorcio del Palau pueda inculpar a CDC, ha explicado a Catalunya Ràdio Joan Llinares, ex-director general del Palau y actual responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona.
Llinares asegura que, al margen de las declaraciones que han afirmado en sede judicial el cobro de comisiones, hay suficientes «pruebas documentales» de las irregularidades de CDC y ha anunciado que el Ayuntamiento irá hasta el final para exigir responsabilidades.
La decisión del Consorcio fue ratificada por el patronato de la Fundación, integrado por 22 miembros. En aquella segunda reunión, explica eldiario.es, el Ayuntamiento sólo recibió el apoyo de un representante del Orfeó Català.
