El caso que destapó Pasqual Maragall con las famosas palabras que dedicó a Convergencia Democràtica en 2005 en sede parlamentaria, «ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%», dieron lugar a la investigación de un asunto que debía llegar este martes a juicio: el caso Adigsa.
Un error judicial ha obligado, sin embargo, a posponer su celebración del juicio hasta el próximo 16 de mayo, ya que una empresa que es responsable civil subsidiaria no ha sido citada correctamente y no se ha presentado. Sin embargo, se apunta que el caso se resolverá con una sentencia de conformidad entre la Fiscalía y todos los acusados menos uno, se trata del empresario José Antonio Salguero, que denunció los hechos y quiere ser absuelto.
Empresarios y cuatro antiguos altos cargos del último Gobierno de Jordi Pujol se tenían que sentar hoy en el banquillo de los acusados por su presunta implicación en la adjudicación de proyectos sin concurso público mediante la empresa de promoción de viviendas sociales de la Generalitat, Adigsa, a cambio de comisiones.
La Fiscalía solicitaba penas que oscilan entre el año y medio y los diez años de prisión por las supuestas irregularidades en el marco de un juicio en el que algunas defensas están negociando condenas menores. Uno de los imputados inicialmente fue Ferran Falcó, que era presidente de Adigsa y fue diputado de CiU, pero las diligencias sobre él fueron archivadas en 2013 por la magistrada Núria Bassols, que acabaría ocupando un cargo en el Gobierno de Artur Mas como comisionada para la Transparencia.
En cambio, entre los acusados se encuentra el ex consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, por quien se piden diez años por la supuesta comisión de malversación, prevaricación y falsedad, así como José María Penín, que supuestamente ejercía externamente tareas de técnico y es familiar del ex consejero Felip Puig, que en la época de los hechos que se juzgarán encabezaba el departamento de Política Territorial, del que dependía Adigsa.
La solicitud de pena para Penín es de cinco años. Uno de los empresarios encausados, José Antonio Salguero, ha asegurado que Puig y Artur Mas estaban al caso de supuesto chantaje que sufrió. Declaró, de hecho, con respecto a unas obras de remodelación, que Penín le dijo que tenía que inflar un 20% las facturas. Su testimonio también forma parte del caso del 3%. Doce años después de las palabras de Maragall, que causaron la indignación de la bancada convergente, el caso Adigsa se suma a los asuntos judiciales en curso que afectan al partido de Jordi Pujol y Artur Mas.
Actualmente se está juzgado en Barcelona el caso del Palau de la Música y, en Madrid, el caso Pretoria, en el que están encausados dos históricos del pujolismo, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Además, siguen las investigaciones sobre la familia Pujol Ferrusola y el caso del 3% -sobre la financiación irregular del partido-. El caso de las ITV, en el que está imputado el ex dirigente de CDC, Oriol Pujol, está en espera de ir a juicio.
Finalmente, el caso Adigsa ha llegado este martes a juicio con anuncios de pacto entre los acusados y la fiscalía, en el que los ex cargos del presidente Jordi Pujol encausados admitirán que malversaron fondos públicos de Adigsa a cambio de una rebaja de la pena . La Fiscalía dejaría las penas máximas en un año y nueve meses por cada delito, uno de malversación y otro de falsedad, y con la nueva reforma del Código Penal que prevé que se pueda suspender el ingreso en prisión por cada delito inferior a dos años, los acusados podrían evitar entrar en la cárcel gracias al pacto, que se espera que se acabará de cerrar en la próxima sesión del juicio.
