El Gobierno municipal de Ada Colau pretende rescindir el contrato de las obras de túnel de las Glòries, que obtuvo la UTE de Rogasa, Comsa, Copisa y Bernito Arnó en 2015, y volver a licitarlo. Antes, eso sí, quiere recibir el máximo apoyo de la oposición y de los vecinos para efectuar una maniobra que comportará detener las obras, completadas en un 40%, durante un año, un retraso que se sumaría a los 18 meses de demora que ya se arrastran. Con el consenso como objetivo, ha convocado una reunión extraordinaria de la comisión de Urbanismo.
Una auditoría encargada por el Ayuntamiento de Barcelona detectó deficiencias en el proyecto y un sobrecoste del 20% en unas obras que, además, están bajo la lupa del caso del 3%, centrado en la financiación irregular de Convergència. Un posterior informe ha señalado la existencia de un retraso acumulado imputable a las empresas que no se puede recuperar.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha presentado este jueves las conclusiones del informe, defendiendo como mejor opción rescindir y volver a adjudicar ante la imposibilidad que la UTE cumpla el actual contrato, en vez de imponer una multa de 12 millones de euros a las empresas y exigir una modificación del proyecto, argumentando que esta última opción tampoco ayuda a ganar tiempo.
La decisión definitiva sobre la rescisión se adoptará en la reunión del consejo de administración de la empresa pública Bimsa, que tiene lugar también el próximo lunes.
