El pleno del Tribunal Constitucional (TC) dictará una resolución por unanimidad en la cual autoriza a la Fiscalía a iniciar las acciones que considere oportunas sobre la presunta desobediencia de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y varios miembros de la Mesa del Parlamento al aprobar en octubre de 2016 una serie de acuerdos referidos al «referéndum» y al «proceso Constituyente» que desobedecen las órdenes del Constitucional.
Según la SER, el TC anula así definitivamente los acuerdos logrados por el Parlamento catalán en octubre, que básicamente son la hoja de ruta del independentismo. El tribunal de Garantías anula, en la misma resolución, todos los acuerdos adoptados por el pleno del Parlamento de octubre del 2016 entre ellas, la que instaba el Gobierno catalán a celebrar un referéndum antes de septiembre del 2017 con o sin el aval del Estado. Y además, los apartados de los capítulos titulados ‘Referéndum’ y ‘Proceso Constituyente’ que se incluyeron en el título I sobre ‘El futuro político de Cataluña’ de aquella resolución.
El Constitucional responde así a la petición del abogado del Estado que presentó un «incidente de ejecución» contra las iniciativas independentistas del Parlamento catalán, de forma que la resolución sobre el referéndum quedó suspendida cautelarmente.
El acto del Constitucional no sólo señala a Forcadell, que ya está siendo investigada por haber permitido en julio la votación en el pleno de unas conclusiones sobre el proceso constituyente catalán, que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la independencia, sino que implica además a otros miembros de Mesa del Parlamento: el vicepresidente primero, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, los tres de Juntos por el Sí, así como Joan Josep Nuet de Cataluña Sí que Se Puede, que aceptaron incluir en el orden del día del pleno del pasado 6 de octubre el debate y votación de la resolución sobre el referéndum y dejaron en minoría a los otros dos miembros de la Mesa, José María Espejo-Saavedra de Ciudadanos y David Pérez del PSC.
A todos ellos, el Constitucional los recuerda su «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». Los magistrados no afirman que Forcadell cometiera un delito sino que deja el examen de los hechos y su definición jurídica en manos de la Fiscalía. Será, pues, el fiscal general del Estado quién decida si la presidenta del Parlamento catalán y los miembros de la Mesa pudieron cometer algún delito y presentar la correspondiente querella criminal por desobediencia.
La resolución del TC, no sólo contempla esta medida que deja el camino libre a la Fiscalía para ejercitar una acción penal, sino que además recuerdan que las soluciones a este «desafío» pasan por el diálogo político. Fuentes de la institución, reconocen que el acto incluirá un repaso en su doctrina sobre el proceso independentista durante estos últimos cuatro años y profundiza sobre la legitimidad de las ideas políticas con la necesidad de establecer unos límites y acatament en la Constitución.
