La Generalitat ha puesto en marcha una auditoría para determinar si se han recogido datos de los ciudadanos de manera ilegal para poner en marcha la Agencia Tributaria catalana, tal y como afirmó el ex-juez y ex-senador, Santiago Vidal. Tres auditores empezaron la inspección el pasado lunes, 30 de enero, que durará aproximadamente un mes. Hoy por hoy, la consejería de Economía asegura que siempre se ha cumplido con la ley a la hora de tratar con los datos fiscales.
En referencia en las declaraciones de Vidal, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, ha explicado que «nos pusimos en contacto con la Agencia Catalana de Protección de Datos, que es la autoridad competente en esta cuestión para que hiciera de forma inmediata una inspección y pudieran acceder a todo lo que estamos haciendo y pudieran contrastar que todo lo que estamos haciendo está dentro de la más absoluta legalidad».
El Gobierno ha advertido que se está construyendo una nueva base de datos obtenidas legalmente y que pertenecen a 7 millones de catalanes. Esta iniciativa se integrará en el nuevo programa informático e-SPRIU, y permitirá gestionar los impuestos propios y parte de los cedidos, tal y como marca la ley. Se prevé que esta nueva base de datos se ponga en funcionamiento a principios del mes de julio.
La Agencia Tributaria catalana ganará terreno en los próximos meses. Se prevé que se incorporen 15 oficinas territoriales propias, 12 oficinas compartidas y 137 oficinas de servicio telemático TdCat. Además, se quiere incrementar el personal para pasar de los 430 empleados actuales a los 800 a finales de este año. De estas 370 nuevas incorporaciones, 260 serán equipos humanos de las entidades liquidadoras.
