La mayoría independentista que forman Junts pel Sí y la CUP ha impedido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para dar explicaciones en el Parlamento de Cataluña sobre las explosivas afirmaciones del ex senador de ERC Santi Vidal.
La petición de Ciudadanos pretendía incluirla en la orden del día del pleno parlamentario que tiene lugar los días 8 y 9 de febrero y contaba con el apoyo de los diputados del PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y el PP, pero no ha superado el escollo de la junta de portavoces.
El Gobierno catalán prevé responder sobre el caso de Santi Vidal en la Comisión de Asuntos Institucionales del 15 de febrero, que se dedicará principalmente a la presentación de un informe económico, algo que no convence las fuerzas de la oposición, partidarias de una comparecencia específica. La CUP, por su parte, ha anunciado que dará luz verde sólo a una comparecencia del vicepresidente Oriol Junqueras sobre un episodio que han tildado de «surrealista». Los partidarios de hacer comparecer a Puigdemont no sólo querían escuchar, además, las explicaciones de Junqueras, sino también las del propio Vidal y del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. La portavoz del Gobierno de la Generalitat, Neus Munté, ha señalado a Salvadó como la persona que «mejor puede dar explicaciones».
Sobre la supuesta obtención ilegal de datos fiscales por parte de la Generalitat a la que se refirió Vidal en un ciclo de conferencias de ERC -aunque la negó después de estallar el escándalo-, el ex presidente Artur Mas ha dicho en Onda Cero que el ex senador «se ha equivocado de todas todas y los errores se pagan porque ha hablado más de la cuenta y porque no ha explicado la realidad«. «Hay cosas que, a pesar de no ser mentira, hay que explicarlas de otro modo«, ha añadido.
El asunto ya han llegado a los juzgados. La querella presentada este lunes por el partido ultraderechista Vox contra Puigdemont, Junqueras, Vidal, Salvadó y el consejero de Justicia, Carles Mundó, ha sido registrada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre una posible admisión a trámite.
