El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) ha presentado, como acusación popular, una querella criminal contra Marcelino Martín-Blas, ex-jefe de asuntos internos de la policía española y Celestino Barroso Sánchez, el agregado de Interior a la embajada española en Andorra, por «la comisión de los delitos de coacciones, chantaje, extorsión y todos aquellos otros que se puedan derivar de la investigación de los hechos denunciados (artículos 139, 142 y 207 de la Ley Cualificada del Código Penal)».
Al personarse como acusación popular, la IDHA considera que «también defiende la protección de la soberanía e integridad del Estado andorrano«. Elisa Muxella, presidenta de la IDHA, ha asegurado que Martín-Blas y Barroso podrían haber coaccionado a los accionistas mayoritarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel e Higini Cierco, para obtener los datos bancarios de la familia Pujol en la BPA.
Es la primera vez que el Instituto de Derechos Humanos de Andorra formula una querella como acusación popular. «En nuestros estatutos se dice que uno de los objetivos es defender los derechos humanos y denunciar las violaciones, y si se demuestra que ha habido agentes que han coaccionado y chantajeado a personas de nuestra nacionalidad y han implicado bienes de nuestra propiedad, es que han atacado nuestra soberanía y nuestra identidad», explica Elisa Muxella.
