El juez que instruye el caso Pujol en la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha denegado a la UDEF su petición para efectuar una nueva operación con registros a empresas y domicilios particulares. Según publica El Mundo citando el contenido de la propuesta de la UDEF, los investigadores querían indagar sobre un delito «contra las relaciones de comercio exterior», supuestamente cometido con negocios millonarios en África, y el juez ha mantenido en secreto la petición desde el pasado mes de abril.
La operación planteada por la UDEF pretendía, según la misma información, registrar las sedes de una decena de sociedades instrumentales y los domicilios particulares de Jordi Puig, hermano del ex consejero Felip Puig y ex socio de Jordi Pujol Ferrusola, y de José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, el marido de la ministra María Dolores de Cospedal. También tenía como objetivo escrutar Ibadesa Cat (fundada por López del Hierro), tirar del hilo de Alberto Portuondo (testaferro de Rodrigo Rato) e impulsar una ofensiva de Hacienda contra la red societaria relacionada con los Pujol.
Nuevo delito
En el punto de mira de la UDEF están los créditos concedidos por el Gobierno español para proyectos en el extranjero. Los investigadores policiales sospechan que los Pujol, que describen como una organización criminal jerarquizada, amañaron concursos públicos en países africanos y cometieron un delito «contra las relaciones de comercio exterior» además de cohecho, tráfico de influencias, delito contra Hacienda, falsificación de documentos públicos y privados, alteración de precios en concursos y subastas publicas, y blanqueo de capitales.
El Mundo, además, recoge que De la Mata ha rechazado poner en marcha la operación pedida por la UDEF porque sospecha que se basaría en documentación obtenida mediante hacking. De hecho, el juez instructor no permite que la UDEF emplee en el sumario los nuevos documentos hasta que no se haya verificado su origen. La UDEF, por su parte, sostiene que proceden de la inteligencia policial y que se han ratificado con todos los medios de investigación posibles referentes a delitos de corrupción.
