Un año después del derbi de las pancartas en el estadio de Cornellà-el Prat, el organismo responsable de resolver el expediente lo sigue guardando en un cajón y no parece que, por ahora, tenga ningún interés en sacarle el polvo. La causa aparente de este vergonzoso silencio administrativo relaciona por un lado la evidente gravedad de los hechos y por otro el miedo político a aplicar contra el RCD Español y los autores materiales de los insultos las sanciones correspondientes previstas en los reglamentos sancionadores.
En Cataluña, o al menos en el estadio de Cornellà-el Prat, insultar, promover la violencia, el racismo y la xenofobia sigue saliendo gratis. Por ahora es así. La dirección general de la Administración de la Seguridad (DGAS) de la Generalitat es quien tiene las atribuciones que en el resto del Estado corresponden a la Comisión Antiviolencia en «materia de violencia deportiva y lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte». La DGAS actúa, como la Comisión Antiviolencia, basándose en los informes policiales, en este caso los realizados por los Mossos d’Esquadra después de los alarmantes hechos ocurridos el 13 de enero del 2016 en un partido de Copa de octavos de final entre el Español y el Barça.
CONTROL BIOMÉTRICO
Pancartas que contenían expresiones como «Shakira es de todos«, «Antonio de la Riba, contigo empezó todo«, «Pau, tu pie nos señala el camino» o «Ladrador y mordedor«», en alusión al delantero del FC Barcelona Luis Suárez, fueron desplegadas en una medida más que considerable, en gran número y de forma perfectamente organizada y coordinada.
Los mensajes aparecieron en la zona del estadio denominada La Curva, donde se concentraba la animación del Español, un espacio de obligado cumplimiento y diseño de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que exige aislamiento, control efectivo y especial de los responsables de seguridad y un registro previo de los asistentes, que sólo pueden acceder mediante turnos de control biométrico, o sea por identificación dactilar. Es imposible que alguien acceda a esta área sin haber sido anteriormente aprobado por el club, por los Mossos d’Esquadra y haber subscrito un compromiso personal de responsabilidad en caso de infracción.
INCITACIÓN A LA VIOLENCIA
Desde la muerte de un seguidor ultra del Deportivo en el río Manzanares de Madrid, tanto la LFP como el Consejo Superior de Deportes impulsaron una política sancionadora inflexible y durísima para evitar la formación de elementos radicales y colectivos de riesgo en los terrenos de juego. En este tipo de zonas controladas sólo es posible exhibir pancartas autorizadas, puesto que el club y la policía tienen que aprobar el contenido o actuar inmediatamente prohibiéndolas o retirándolas en su criterio como exige la ley.
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