Desde el Gobierno de la Generalitat, por voz de Neus Munté, se había etiquetado la reunión que han mantenido este miércoles el ministro de Fomento español, Íñigo de Serna, con los consejeros Josep Rull y Meritxell Borràs como una prueba de fuego a la voluntad de diálogo, expresada desde el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Pero en la rueda de prensa posterior Rull ha dejado muy claro que, de entrada, en lo que respecta a Territorio y Sostenibilidad, ya lo tenían «todo hablado con el Estado». El consejero ha enfatizado que el diálogo tiene que ir acompañado de hechos y ha alternado el castellano con el catalán cuando se ha referido a los incumplimientos de compromisos que atribuye a los anteriores ministros de Fomento.
Ha agradecido, eso sí, el tono y la actitud de De la Serna y ha hecho bandera de «nuestra capacidad de gestión en temas del día a día» para reclamarle el traspaso íntegro de Cercanías, que según el consejero encaja dentro de la ley. De la Serna, por su parte, se ha mostrado abierto a compartir la gestión y ha aclarado que otras Comunidades Autónomas también les están planteando reclamaciones en este sentido. El ministro de Fomento, por otro lado, plantea un plan de mejora de Cercanías, pero Rull ha reiterado que el mejor mecanismo «sería el traspaso».
En cuanto al Corredor Mediterráneo, De la Serna ha anunciado que pronto se designará un responsable específico para esta infraestructura, una figura excepcional que tendrá capacidad ejecutiva, y Rull le ha pedido que sea un nombre consensuado por el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y la Generalitat valenciana. El ministro ha descrito la obra como «una infraestructura estratégica» y el impulso de los tramos, como una prioridad del Gobierno español, y ha señalado abril de 2018 como la fecha del fin de las obras y el inicio de la circulación de trenes en pruebas por el tramo Tarragona-Vandellòs, que calcula que ahorrará 35 minutos al trayecto Barcelona-Valencia.
Una discrepancia principal entre Madrid y Barcelona es el nivel de cumplimiento de los compromisos sobre infraestructuras. Rull, que ha valorado la «disposición» del ministro, ha cifrado las inversiones pendientes en 4.700 millones de euros.
