Las obras de construcción del puerto de Badalona están bajo investigación en el Juzgado de Instrucción número dos de esta ciudad por las supuestas irregularidades atribuidas por la Fiscalía de urbanismo a la sociedad municipal Marina Badalona, publica este martes El Punt Avui.
Bajo la lupa, añade la misma información, están catorce convenios y contratos firmados por Marina Badalona con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), grupo empresarial que ha sido denunciado recientemente por el Ayuntamiento ante la Fiscalía en relación al posible fraude de 12,8 millones de euros que detectó una auditoría sobre el servicio de limpieza y recogida de residuos.
En el caso del puerto, se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación directa de patrimonio inmobiliario a precios inferiores a los del mercado entre los años 2002 y 2012.
Según revela El Punt Avui, asimismo, el juez ha citado a declarar como investigados (es decir, imputados, según la anterior denominación) a Juan Felipe Ruiz y Francesc Panella, ex consejeros delegados de Marina Badalona, por un delito continuado de prevaricación, por fraude a la administración y por malversación de fondos públicos. Además, tres representantes de FCC están imputados por un delito continuado de inducción a la prevaricación, por inducción a la malversación y por fraude a la administración.
La Fiscalía señala la existencia de «notables indicios» de irregularidades en los catorce convenios y contratos, vinculadas a la adjudicación directa por parte de Marina Badalona de patrimonio inmobiliario «sin justificación y contraviniendo abiertamente la normativa vigente» en aquel momento y contra el interés público. Concluye que existen indicios «de un concierto para beneficiar económicamente a FCC Construcción SA«.
Este caso se añade a las investigaciones por posible fraude vinculadas con los servicios de recogida y gestión de residuos en Barcelona (durante el periodo 2013-2015 y cifrado en 800.000 euros) y Badalona. Por otro lado, FCC tiene otro caso portuario en los tribunales: el de los sobrecostes de 28 millones de euros en la ampliación del dique este del Puerto de Barcelona, en cuyo marco la Fiscalía ha solicitado de siete a diez años de cárcel para nueve altos cargos y técnicos de una UTE en la que participaba FCC.
Juan Felipe Ruiz fue imputado el 2009 en el caso Pretoria porque se le consideraba un enlace con la trama de corrupción urbanística, pero se archivó la causa contra él en 2012.
