El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente las resoluciones adoptadas por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de octubre relacionadas con el impulso al proceso soberanista, entre ellas la que preveía celebrar un referéndum en septiembre de 2017 «como muy tarde».
Esta decisión, adoptada por unanimidad, resulta de la admisión del recurso presentado por el ejecutivo que lidera Mariano Rajoy e incluye, como quería la Abogacía del Estado, una advertencia dirigida a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al presidente del Gobierno de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Les dice que tienen que impedir o paralizar toda iniciativa que ignore o eluda esta suspensión y les advierte, además, que podrían incurrir en responsabilidades, incluso de naturaleza penal. El TC dispone en este asunto de la capacidad para inhabilitar cargos públicos que no obedezcan sus resoluciones, una facultad otorgada por la reforma legal del Gobierno español.
