Nueve altos cargos y técnicos implicados en la ampliación del dique este del Puerto de Barcelona, que se realizaron de 2001 a 2008, están acusados de estafa por la Fiscalía, que pide de siete a diez años de cárcel para ellos.
Entre los encausados destacan los directivos de constructoras que formaban la unión temporal de empresas (UTE), entre las que figuraban FCC, Rubau, Ferrovial y Copisa, que obtuvieron el contrato de ampliación por 165 millones de euros, un importe que se acabaría elevando hasta los 197 millones.
El Ministerio Público los responsabiliza de que el Puerto pagara casi 28 millones de euros adicionales: 11 millones por 865.000 toneladas de piedras que se cree que ni se compraron ni se emplearon y 17,9 millones más por la construcción de dos plataformas sobre escombros, según el fiscal, de forma que las empresas ahorraron costes. En el pliegue de condiciones, publica El País, se asignaba el pago de obras auxiliares como esta última al contratista.
La Autoridad Portuaria de Barcelona, que ejerce la acusación particular, ha exigido una indemnización de 47 millones de euros. La Agencia Tributaria detectó el supuesto fraude durante el estudio de los números de una de las empresas subcontratadas por la UTE.
