Después del estallido del escándalo del Palau de la Música, la policía y el juez Josep Maria Pijoan recibieron la carta de un ejecutivo empresarial jubilado donde, de manera anónima, detallaba como funcionaba la trama de cobro de comisiones montada por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). EL TRIANGLE ha exhumado este documento, incorporado en las diligencias judiciales del caso Millet, que también hace mención a la polémica privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL).
Explicaba este testigo anónimo en su carta: «Los donativos (a la Fundación Trias Fargas) no son tales. Son pagos, comisiones o peajes para las adjudicaciones de contratos ya recibidos. Estos se hacían desde el mismo día de la adjudicación y hasta uno o dos meses después«. Y añadía: «Todos los peajes (según mi experiencia y conocidos) variaban entre el 3%, el 4% o el 5% del importe de la adjudicación, sin IVA. […] También era posible que, de manera excepcional, variara la comisión cuando se podía hacer más grande el pelotazo o engordar mucho el contrato».
Estas afirmaciones han quedado ratificadas con posterioridad en el decurso de las investigaciones del caso 3% que dirige el juez del Vendrell Josep Bosch. En este documento, el directivo empresarial pedía a la policía y al juez que también se interesaran por la privatización de ATLL y su adjudicación al consorcio formado, principalmente, por la empresa madrileña Acciona y el banco brasileño BTG Pactual: «Pregunten al Sr. Artur Mas, a buen seguro que sabe más que yo, especialmente después de vender la gestión del agua potable de Barcelona para los próximos 50 años por 1.000 millones de euros«.
Y añadía, enigmáticamente: «Yo no creo que el responsable de Acciona fuera sólo por tierras brasileñas a buscar financiación. Tal vez también le vino bien dejar allá alguna cuenta con una elevadísima comisión a nombre de un grande de Cataluña«. ¿A quien se refiere? El banco BTG Pactual participó como socio financiero en las dos grandes operaciones de privatización hechas por el gobierno de Artur Mas en 2012, con la excusa de la gravísima crisis de tesorería que sufría entonces la Generalitat: ATLL y los túneles de Vallvidrera y del Cadí. A finales del 2014, el banco brasileño vendió el 65% que tenía de la sociedad adjudicataria de los túneles catalanes al fondo de inversiones Ardian, filial de la multinacional francesa de seguros AXA, por 146,5 millones de euros. Con esta operación BTG Pactual se apuntó un beneficio de 85 millones de euros, puesto que la inversión real que había desembolsado era de 59,5 millones.
Ahora hace un año, el 25 de noviembre del 2015, el presidente del banco brasileño, André Esteves, fue detenido por la policía por su implicación en el caso de corrupción Lava Jato y encarcelado por orden judicial. Los nuevos responsables de BTG Pactual procedieron a vender deprisa y corriendo su participación en ATLL Concesionaria de la Generalitat SA, que fue asumida por los Entrecanales (Acciona), que ahora ya tienen el 88% de la empresa privatizada. Cómo explicó EL TRIANGLE (veáis la edición n. 1234), la justicia brasileña ha enviado una comisión rogatória a España para averiguar las actividades de algunos implicados en los sumarios del caso Lava Jato.
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