Siete miembros de la antigua cúpula del PP de Toledo, están citados a declarar ante el juez en calidad de investigados, lo que antes se denominaba imputados. Se les investiga por el caso de una supuesta mordida de 200.000 euros que el PP recibió para financiar la campaña de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha en 2007.
En una providencia con fecha del 10 de noviembre, a la que ha tenido acceso El Pais, el juez de Toledo cita a declarar a José Manuel Molina García, ex alcalde de la ciudad, para el próximo día 22 de febrero de 2017. El escrito judicial cita al ex alcalde «por la posible comisión de un delito de prevaricación en virtud de las decisiones adoptadas en el Ayuntamiento», un escrito que también cita a comparecer ante el juez el mismo día al ex concejal de Hacienda de Toledo y ex tesorero del PP de Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda, y al ex concejal Fernando Sanz Domínguez.
Los otros cuatro imputados que están citados al juzgado por el día 1 de marzo son los ex concejales María José Rivas, Fernando Fernández Gaitán, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano.
El caso es una derivada del caso Bárcenas, que se reactivó el pasado mes de febrero. La mordida a favor de la ministra De Cospedal se basa en la investigación sobre como el Ayuntamiento de Toledo aprobó el 2007 la concesión del servicio de recogida de la basura a la empresa Sufi, una filial de la constructora Sacyr.
La investigación arrancó después de que Luis Bárcenas dijera el julio del 2013 que el PP recibió una supuesta mordida después de adjudicar el contrato, y que los 200.000 euros se desviaron para pagar la campaña electoral de De Cospedal, unas elecciones que finalmente perdió.
De Cospedal siempre ha negado las acusaciones, y el PP de Castilla-La Mancha ya ha dicho que considera «normal» que se cite la ex cúpula del Ayuntamiento de Toledo. Desde el PP se afirma que fue el socialista Emiliano García-Page, actual presidente autonómico, quién siendo alcalde de Toledo modificó el contrato en cuestión, y que las declaraciones de los siete imputados podrán esclarecer el tema. Por el contrario, García-Page ha denunciado insistentemente el hecho de que el PP regional se ha financiado de forma irregular.
