La indignación de los funcionarios andorranos contra el ministro de Administración Pública, Transportes y Telecomunicaciones, Jordi Alcobé, no quedó apaciguada, ni mucho menos, por las explicaciones dadas por este miembro del Ejecutivo de Toni Martí salpicado por el Andorraleaks. Por el contrario, la Plataforma de Funcionaris (formada por los sindicatos SFD, SEP, SIP, ABA, A118, CFPA, SPA y USDA), ha vuelto a pedir al jefe de Gobierno andorrano que acepte la dimisión de Alcobé.
Los funcionarios destacan «la evidente prueba de que un ministro ha infringido una ley y este continúa ostentando su cargo como si no hubiera pasado nada», refiriéndose a la confesión de haber compaginado durante más de un año y medio su cargo con el trabajo de economista a sueldo de la Banca Privada de Andorra (BPA).
Asimismo, el comunicado de esta plataforma reprocha a Alcobé que «elude el tema y responde que la relación con los sindicatos es cordial, que tiene plena capacidad para llevar a cabo la reforma de la Ley de la Función Pública y que los sindicatos continuarán colaborando con él y participarán de la ley». Los funcionarios destacan que no es la persona adecuada para encabezar esta reforma y cuestionan su legitimidad como miembro del Gobierno.
El Andorraleaks
Este mes de octubre, EL TRIANGLE ha revelado que los ministros andorranos Jordi Alcobé y Gilbert Saboya participaron en la trama lobbista montada por la ex consejera general (diputada) Meritxell Mateu para favorecer los intereses de la BPA y de la multinacional alemana Allianz.
Alcobé, por otro lado, no dijo toda la verdad en su comparecencia del pasado día 13 sobre su relación con la BPA: no se limitó a tareas vinculadas con el departamento de estudios, sino que cobró, poco antes de entrar en el Gobierno, una comisión de 360.000 euros por su intermediación en la operación de sale & leaseback (venta con compromiso de alquiler) de la sede central de la BPA en la Avenida Carlemany de Les Escaldes.
