El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido prohibir durante un año casi todo clase de nuevo establecimiento público en el distrito de Ciutat Vella, un veto que afecta particularmente a la apertura de negocios de ocio y de turismo, que se podría alargar hasta que el Gobierno municipal culmine una regulación sobre los límites a la proliferación de estas actividades.
Negocios tan varios como el alquiler de bicicletas y patinetes, las oficinas turísticas, las discotecas o las heladerías no se podrán implantar a partir de ahora en el centro histórico de la capital catalana, un hecho que se añade a la moratoria sobre alojamientos turísticos vigente el último año y medio. En cambio, quedan excluidos del veto negocios más convencionales, como las librerías.
El Ayuntamiento ha justificado la decisión por la necesidad de reordenar las actividades y limitar «las externalidades negativas» que general en los barrios y «potenciar otros que ayuden a dinamizar el entorno y favorezcan la diversidad económica y comercial». La explicación va en la misma línea que la que se dio sobre la moratoria hotelera.
