La factura del agua se cobra en Malta y Guernsey

La privatización de ATLL es un fabuloso negocio que enriquece a dos misteriosas sociedades
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El día 1 de octubre de 2012 fue muy atareado. Ese día, en tres puntos diferentes del planeta se constituyeron tres sociedades, con el denominador común que las tres llevaban el nombre de Cataluña. En Londres, a través del abogado James Anderson, especializado en la creación de estructuras jurídicas fiduciarias al servicio de terceros, se inscribió la compañía Aigües de Catalunya Ltd. El mismo día, en la isla de Guernsey -un paraíso fiscal del Canal de la Mancha, bajo jurisdicción británica-, se constituyó Pioneer Cataluña Investments IC Ltd. Y también el 1 de octubre de 2012, en la isla de Malta, conocida por su opacidad mercantil, se fundó una sociedad hermana de la anterior, llamada Pioneer Cataluña Holdings Limited.

¿Qué pasaba ese día 1 de octubre para que tantos abogados trabajasen a la vez en nombre de Cataluña?

El caso Lava Jato
La respuesta es que la Generalitat había convocado en el mes de agosto un concurso para la privatización más grande hecha nunca por el gobierno catalán: la de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL). El plazo para la presentación de las ofertas terminaba el 5 de octubre de 2012 y el consorcio que resultó finalmente adjudicatario de esta privatización, liderado por la empresa madrileña Acciona, tenía, por lo visto, mucho interés en ocultar una parte de su accionariado a través de sociedades instrumentales radicadas en reconocidos paraísos fiscales, como es el caso de las islas de Guernsey y Malta.

Lo más grave es que esta información, que ahora publica EL TRIANGLE después de hacer las pertinentes comprobaciones registrales, fue omitida en la documentación presentada por el consorcio ganador en la conselleria de Territorio y Sostenibilidad, que fue -bajo la batuta del ex consejero Lluís Recoder y del ex secretario general, Pau Villòria– la responsable de organizar y formalizar la privatización de ATLL. Tampoco se comunicó la existencia de estos accionistas ocultos en paraísos fiscales a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), encargada de emitir el preceptivo dictamen previo a la adjudicación.

LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN EN PAPEL DE EL TRIANGLE DE ESTA SEMANA

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