Meritxell Mateu no es una consejera general (diputada) cualquiera. La política de Ordino es un personaje capital del sistema de poder andorrano. Entre los múltiples cargos públicos que ha ocupado, ha sido embajadora en Francia, ante la Unesco, ante la Unión Europea, ministra de Vivienda, ministra de Asuntos Exteriores y, actualmente, es representante de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, además de presidenta de la comisión de Finanzas y Presupuesto del Consejo General de Andorra (Parlamento). La princesa es, por consiguiente, un peso pesado de la vida política del país pirenaico.
Pero a la princesa la han pillado en bragas. Un informe de la policía andorrana aportado al sumario del caso Landstreet, una de las ramas derivadas de la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), ha puesto entre la espada y la pared a la consejera general Meritxell Mateu. Según las investigaciones policiales, esta política –que forma parte de la mayoría parlamentaria de Demócratas por Andorra (DA), que apoya jefe de gobierno, Toni Martí– cobró entre los años 2012 y 2014 un total de 48.000 euros a través de ocho transferencias de 6.000 euros hechas desde la sociedad Landstreet International Inc., radicada en Panamá. Esta sociedad offshore, controlada por el ex consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, se nutría de las aportaciones que hacía el banco y, a la vez, servía para pagar sobresueldos, favores y compromisos externos. Operaba, en realidad, como la caja B del banco de los hermanos Higini y Ramon Cierco.
En un país con la fiscalidad tan laxa como Andorra, el problema no es que Meritxell Mateu haya cobrado 48.000 euros (el pacto era de 2.000 euros/mes) de la caja B de la BPA desde Panamá. Las críticas le llueven por otras razones. En primer lugar, porque los consejeros generales de Andorra están sometidos al régimen de dedicación completa y la diputada no comunicó, como era su obligación, que hacía de lobbista remunerada por cuenta del banco de los hermanos Cierco. Pero es que, además, al estallar el escándalo de la BPA, en 2015, Meritxell Mateu se convirtió en el azote implacable de los antiguos gestores de la entidad, ¡que la habían tenido a sueldo durante dos años!
Publicamos algunos e-mails (ver debajo de esta noticia) que demuestran la doble vida de la princesa de Andorra, donde queda demostrado, de manera fehaciente, que se aprovechaba de su condición de consejera general para hacer tráfico de influencias a favor de la BPA y del proyecto que impulsaba conjuntamente con la multinacional alemana Allianz. Sin ningún tipo de pudor, la consejera general explica en estos correos algunas de las gestiones que ha hecho con el gobierno de Toni Martí para intentar que se aprobara un régimen especial para los extranjeros que quisieran cotizar en la Caixa Andorrana de la Seguridad Social (CASS).
Meritxell Mateu, que es una política muy viajada y que conoce muy bien las instituciones comunitarias de Bruselas, sabe perfectamente que en la Unión Europea el tráfico de influencias está severamente regulado y perseguido. Los lobbistas se tienen que identificar en un registro de intereses y hacer públicas sus gestiones. ¡Pero nunca se había visto que una diputada (consejera general) se dedique y cobre ella misma para hacer de lobbista!
