La directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Irene Escorihuela, ha presentado una querella criminal contra Desokupa, una empresa formada por paramilitares y miembros afines a la extrema derecha, especializada en el desalojo de pisos y viviendas ocupadas ilegalmente. El Observatorio ha denunciado las prácticas «irregulares» y «delictivas» que esta empresa incurre en los desalojos, como el del pasado 14 de abril, en Can Dimoni, Gràcia.
Esta empresa, asegura en su web que su actuación está «basada en la intermediación rápida y amistosa con los ocupantes del piso apropiado» y que «siempre actúan asesorados legalmente por su equipo jurídico«. El hecho es que Escorihuela ha acusado a Desokupa de un delito de allanamiento de morada, de coacciones y de amenazas, por haber entrado dentro del inmueble sin ninguna orden judicial y haber intimidado los ocupantes.
No son pocos los desalojos extrajudiciales que esta empresa ha llevado a cabo durante los últimos meses en viviendas ocupadas ilegalmente en Barcelona. Por este motivo, el Ayuntamiento barcelonés estudiará la legalidad de estas prácticas de cara a tomar acciones en el futuro. Fuentes del consistorio han afirmado que «antes de tomar cualquier decisión hay que estudiar la ilegalidad o no de las prácticas«.
El Observatorio ya ha confirmado que se personará como acusación particular contra la empresa, su gestor, Daniel Esteve, y la inmobiliaria propietaria que contrató los servicios para hacer los desalojos, llamada Norvet S.L. Por otro lado, el DESC también solicitará que declaren los Mossos d’Esquadra y miembros de la Guardia Urbana presentes en el desalojo de Can Dimoni. A todo esto, los miembros de Desokupa se han mostrado «muy tranquilos» con la querella.
