Este jueves, el juez número 18 de Valencia ha levantado el secreto de sumario sobre la pieza separada del ‘caso Imelsa’, que investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, en relación con el ‘caso Taula’. Los informes que ha presentado la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil exponen la existencia de múltiples cajas B interconectadas. Concretamente, los investigadores apuntan que había tres en Valencia -en el Ayuntamiento, en la Diputación y en la Generalitat- y dos más en Castelló y Alicante.
Estas cajas B recibían fondos de empresas adjudicatarias de la Diputación de Valencia, presidida por Alfonso Rus, así como de la Generalitat Valenciana, que dirigía Francisco Camps. La UCO de la Guardia Civil ha señalado a Camps cómo uno de los organizadores de estas cajas, que servía de enlace con la caja B del partido nacional, que llevava el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Sin embargo, estas cajas «transversales» no solo eran gestionadas por Rus y Bárcenas. El ex gerente del PP en Valencia, Juan José Medina, y el ex vicepresidente y actual diputado del PP en el Congreso, Gerardo Camps, también gestionaron este dinero negro.
Aun así, el ex consejero de Educación, y actual miembro de Mesa de las Cortes valencianas, Alejandro Font de Mora, también ha aparecido en esta investigación. El levantamiento del secreto de sumario también ha revelado que el actual presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret, conocía la presunta trama de comisiones, que tanto la Fiscalía como la UCO llevan investigando desde el año 2014. De hecho, según esta información, Batoret habría participado en reuniones de la presunta organización criminal el PP valenciano, que dirigía Alfonso Rus.
