El Gobierno del Principado de Andorra se incorpora al proceso iniciado por la jueza instructora Canòlic Mingorance contra Joan Pau Miquel, el exdirector general de la Banca Privada de Andorra (BPA), que está en la cárcel desde hace más de un año acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales.
Según publica el Diari d’Andorra citando fuentes cercanas al caso, el Ejecutivo presentará una querella contra Miquel y varios antiguos directivos de la BPA, Luis Pablo Laplana Moraes, Cristina Lozano Bonet, Mauricio Escribano Sánchez y Santiago de Roselló Piera, por considerar que estas personas han causado perjuicios al banco, a la plaza financiera andorrana y al propio Estado andorrano.
Miquel fue privado de su libertad tres días después de que el FinCen emitiera una nota que señalaba a la BPA como una entidad que blanqueaba dinero procedente de organizaciones criminales. Un año después, el pasado mes de marzo, Mingorance denegó la petición para salir en libertad del ex director de la BPA porque apreciaba todavía el riesgo de fuga y la posibilidad que este ex directivo entorpeciera las investigaciones en curso.
El Ejecutivo andorrano, así pues, se agrega a un proceso al que ya se habían sumado el pasado mes de junio los Cierco, codirectores de la BPA en el momento de la intervención de la entidad.
