Si ayer fue el líder del PP en el ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, hermano del ministro del Interior, quién se enfrentó a la decisión de la alcaldesa, Ada Colau, de cerrar el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE), hoy, 8 de julio, Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta del gobierno español, ha seguido contradiciendo la decisión del consistorio. Mientras que las personas favorables al cierre han querido implicar el Parlamento de Cataluña, el Síndico de Agravios, la consejería de Justicia, entre otras entidades, para poner freno a la reapertura del centro, la vicepresidenta ha afirmado que este asunto pertenece exclusivamente al Estado.
Soraya Sáez de Santamaría considera que al Ayuntamiento de Barcelona le corresponden unas competencias en la ordenación municipal de apertura y mantenimiento de determinadas instalaciones, pero no le corresponde la competencia de decidir como se gestiona o no la política de inmigración de este país. «Tiene que aceptar la normativa, y dedicarse a las competencias que le pertenecen, como el mantenimiento de las instalaciones», ha añadido la vicepresidenta. En lo que se refiere a Ada Colau, Sáez de Santamaría ha afirmado que «puede tener la política de discursos que crea conveniente» y «decir todo el que quiera», pero que, aún así, seguirá sin tener «más competencias de las que le corresponden al ayuntamiento». La alcaldesa de Barcelona, ha respondido rápidamente a través de su cuenta de twitter, donde ha afirmado que «el Ayuntamiento tiene competencias en materia de licencias y también de derechos humanos«.
Finalmente, la vicepresidenta ha defendido que la existencia y funcionamiento de los CIE viene enmarcado en el derecho de la Unión Europea y el ordenamiento español, y ha añadido que el internamiento en uno de estos centros es una medida «excepcional», supervisada por el ministerio fiscal, que depende del dictamen del juez competente, «de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y siempre con un mínimo imprescindible». Por este motivo, Soraya Sáez de Santamaría ha pedido al consistorio que «respete la normativa y el entorno en el cual se lleva a cabo la política de inmigración», y ha recordado que «mientras la legislación española sea esta, el Estado tiene la obligación de ejercer determinados procedimientos de ciudadanos en situación irregular que tiene que cumplir y por eso deben haber centros«.
