La policía política catalana

Pensaba que después del bochornoso Fernándezgate y de los surrealistas resultados electorales vendrían unos días de calma. Esperaba que nuestros vecinos, siempre culpables de todos los males que abaten la pobre tierra catalana, no me volverían a molestar con sus astracanadas durante un tiempo prudencial porque ahora les toca concentrarse en la enojosa misión de entronizar a Mariano I el ensimismado sin perder la poca dignidad que les ha quedado después del ridículo 26-J. Pero ha sido bajar la guardia y descubrir que los catalanes somos tan impresentables como el resto del personal y que, por tener, incluso tenemos policía política.

El pasado 28 de junio, en medio de un registro policial a una conocida joyería de la zona vip de Barcelona relacionada presuntamente con una red mafiosa de origen chino, unos agentes de paisano de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra se dedicaron a hacer la puñeta a los periodistas que cubrían la noticia. Con la excusa de que buscaban al responsable de la filtración de la operación policial a los medios, se dedicaron a intimidar a los redactores exigiéndoles su identificación y su número de móvil, fotografiando los DNI y haciendo llamadas desde un número oculto para verificar si el número de teléfono facilitado era el correcto. La chapucera actuación de la DAI provocó el pánico entre la profesión: ¡la policía catalana, tan democrática ella, estaba haciendo listas de periodistas!

Yo pensaba que la imagen de policías acorralando a redactores en un portal, filmándoles en vídeo y exigiéndoles la identificación era propia de otras épocas más oscuras y de regímenes más perversos, pero por lo que se ve estaba equivocada de nuevo. No me ayudó mucho a superar mi estado de indignación ni las disculpas del consejero de Interior convergente ni las explicaciones de película dadas para justificar un hecho injustificable. Parece ser que los Mossos tienen una garganta profunda que se dedica a filtrar a la prensa información reservada que puede poner en peligro operaciones policiales sensibles. Vaya. La culpa de los fracasos y los errores de los otros siempre es del mensajero.

La estrambótica historia ha acabado con la lista de datos personales de los traumatizados periodistas en manos de la titular del juzgado 24 de la Audiencia de Barcelona que dirige la operación contra la red de mafiosos chinos. Los más ridículo de todo es que la juez en ningún momento había pedido a los agentes Mortadelo y Filemón este tipo de información confidencial al considerar que no tenía ningún interés para la investigación. Sin embargo, lo más preocupante es el poco eco que este nuevo episodio de matonismo policial ha tenido a nivel político a excepción del PSC y de la CUP, que han pedido explicaciones al bipartito. Tampoco la sociedad catalana, tan sensible a las injusticias, ha hecho muchos aspavientos ante la vulneración del derecho a la información.

Si fuéramos realmente mejores que nuestros vecinos como nos quieren hacer creer algunos, el consejero Jané habría comparecido en el Parlamento a petición propia para dar explicaciones y garantizar la destrucción de esta información confidencial tan delicada. También habría cortado unas cuantas cabezas por la incompetencia demostrada para empezar, porque un gobierno no puede presumir de democrático si da cobertura a una estructura policial que se extralimita en sus funciones. Como ciudadana y como periodista no me conformo con la excusa de que el consejero no estaba al corriente ni tampoco apruebo que haya sido el departamento de prensa de la consejería y no el mismo Jané el encargado de trasladar la disculpa oficial al Colegio de Periodistas.

Ya sabemos cómo las gasta algunas veces la policía catalana: es experta en vaciar ojos de manifestantes pacíficos y de dar palizas –en algunos casos hasta la inconsciencia y más allá- al que osa resistirse a sus órdenes por absurdas que sean. Según explica la diputada de la CUP Mireia Vehí, no es la primera vez que los Mossos d’Esquadra hacen ficheros ilegales de personas que no han cometido ningún delito. Ahora han sido los periodistas las víctimas de la policía política catalana, pero antes lo han sido activistas sociales. Aquellos que rebuznan contra las cloacas españolas tendrían que hacer lo mismo contra las cloacas catalanas.

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